SUSPENDIDO EL JUICIO DE LAS INMATRICULACIONES DE MONTERDE POR BAJA MÉDICA DEL ABOGADO DEL AYUNTAMIENTO

Este jueves, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Calatayud ha suspendido el juicio por las primeras inmatriculaciones realizadas por el Ayuntamiento de Monterde. El juez ha aplazado la sesión debido a la incomparecencia por enfermedad del abogado del Ayuntamiento de Monterde. La defensa del consistorio ha planteado además su voluntad de llegar a un acuerdo con la acusación, por lo que el juez ha decidido dar 60 días hábiles a las partes para que puedan llegar a un pacto previo a la celebración del juicio.

Inicialmente previsto para el 18 de septiembre, el juicio ya había sido pospuesto a petición del Ayuntamiento, que volvió a pedir el aplazamiento de la sesión de hoy el viernes pasado. El juez no aceptó este nuevo aplazamiento pero hoy, a la hora prevista para la sesión, las 10 de la mañana, en la sala sólo se encontraban los abogados y los testigos de la acusación. Fue ayer por la noche cuando el letrado del consistorio presentó su baja médica para justificar su incomparecencia en la sesión de hoy. El magistrado ha tenido que suspender el juicio ante la ausencia del abogado defensor - que no ha podido comparecer personalmente ni telemáticamente - para no incurrir en un acto de indefensión de los demandados, en este caso el Ayuntamiento. 

Además de todo esto, la defensa del Ayuntamiento de Monterde ha trasladado al juez su voluntad de negociar con los inmatriculados, algo que también expresaron el pasado martes, 26 de noviembre, a los abogados de la acusación. El juez ha afeado esta mañana en la sala la maniobra del Ayuntamiento, que no expresó su voluntad de llegar a un acuerdo en la vista previa, momento del proceso destinado para este fin, y sí lo hace ahora, aprovechando que el juicio se ha tenido que suspender por la baja médica de su abogado. "Entiendo que el acuerdo será aceptar que la finca es nuestra, pero no nos han ofrecido nada concreto", señalan los inmatriculados denunciantes, destacando que "vamos a darles un plazo para que nos ofrezcan un acuerdo, pero nos tememos que lo que pretenden es alargar el proceso".

Se abre ahora un plazo de 60 días hábiles para que el Ayuntamiento de Monterde intente llegar a un acuerdo con los denunciantes o que finalmente se celebre un juicio que ahora, entre el puente de diciembre y las fechas navideñas, podría verse retrasado cerca de tres meses, hasta marzo de 2025.

Origen del conflicto: herencias y registros caducados

Este juicio era el primero relacionado con un amplio paquete de propiedades inmatriculadas por el consistorio, que ascienden a unas 200, entre terrenos agrícolas, viviendas habitadas y bodegas, generando gran inquietud entre los vecinos, especialmente personas mayores. 

La denuncia a la que responde este proceso legal se centra en un terreno céntrico de Monterde, aunque el problema de las inmatriculaciones abarca un gran número de inmuebles, muchos de ellos en la pedanía de Llumes. En este caso, descubierto tras el fallecimiento de los propietarios y la posterior gestión de las herencias, se trata de un terreno unos 400 m2 que el Ayuntamiento de Monterde incluyó en su inventario municipal, tras una acción publicada en el BOE fechado el 7 de enero de 2022. De no haber recibido denuncia, estas habrían pasado al inventario municipal de forma definitiva el pasado mes de enero, dos años después de su publicación en el BOE.

El grueso de las inmatriculaciones salieron a la luz tras la muerte accidental de una vecina de la pedanía de Llumes, cuando sus herederos descubrieron que varias propiedades habían sido inscritas a nombre del Ayuntamiento aprovechando la caducidad de los registros. Este movimiento administrativo incluyó cerca de 200 propiedades, entre bodegas, terrenos agrícolas y viviendas, algunas habitadas por personas mayores. Según denuncian los afectados, estas inmatriculaciones se realizaron sin aviso previo ni debate en el pleno municipal. El principal paquete de inmatriculaciones se publicó el Boletín Oficia del Estado el 30 de marzo de 2023, por lo que tienen todavía hasta marzo de 2025 para interponer una denuncia. 

Desde la Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde denuncian también una estrategia para dilatar el proceso judicial que ahora podría comenzar después de que termine el plazo para que ellos presenten sus respectivas denuncias.

Reacciones vecinales

La situación derivó en la creación hace unos meses de la Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde, que agrupa ya a más de un centenar de afectados. La Asociación busca una solución extrajudicial que evite un alto coste económico para ambas partes, y lo están haciendo intentando llamar la atención sobre la situación ante las diferentes administraciones. Para ello se han concentrado ya frente al Gobierno de Aragón, la DPZ y la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, donde se reunieron con la subdelegada Noelia Herrero. 

Los vecinos, muchos de ellos personas mayores de 80 años, temen perder propiedades familiares que forman parte de su historia y patrimonio y claman contra lo que consideran "un despropósito" y "una clara estrategia para quedarse con nuestras casas y echarnos de aquí". Apuntan a motivaciones políticas e incluso personales, además de económicas, por parte del alcalde de Monterde, José Gracia, al que consideran el principal artífice de este movimiento.

Un clima de incertidumbre

Mientras el proceso judicial avanza, no sin los intentos del Ayuntamiento de Monterde de retrasarlos lo más posible, los vecinos siguen esperando una solución justa que garantice sus derechos y detenga lo que consideran una apropiación indebida de sus propiedades. El clima en el municipio está enrarecido por este hecho, y también por la reciente investigación al alcalde monterdino al que le acusan de un presunto delito de fraude electoral, hecho por el que está citado a declarar como investigado el próximo mes de diciembre.