Este martes, el Comité Permanente del Convenio de Berna, encargado de velar por la protección de especies animales en 50 países, incluidos los 27 de la UE, ha decidido rebajar el estatus de protección del lobo. El gran carnívoro pasará de ser una especie "estrictamente protegida" a una "simple especie protegida", un cambio que permitirá prácticas como la caza controlada, siempre que no pongan en peligro su supervivencia. La medida entrará en vigor en tres meses, a menos que un tercio de los países firmantes (17) muestren su oposición antes del próximo viernes 6 de diciembre, cuando la decisión será publicada.
Con la nueva categorización, la prohibición estricta de cazar, capturar o deteriorar los espacios de reproducción del lobo se flexibilizará. Aunque estas prácticas seguirán reguladas, se podrán autorizar bajo estrictos límites de espacio y tiempo, con el objetivo de garantizar la estabilidad de las poblaciones. Sin embargo, en la UE será necesario un proceso legislativo específico para incorporar este cambio, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Esta modificación deberá ser aprobada por el Parlamento y el Consejo Europeos, y aún no hay plazos definidos.
España se opuso a la decisión en el Comité de Berna, pero el fallo ha sido recibido con satisfacción por algunos sectores. En Castilla y León, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, celebró el cambio como un "día histórico". Según el consejero, la decisión apoya tanto la ganadería como la coexistencia entre actividad económica rural y la conservación del lobo.
Suárez-Quiñones destacó que los censos autonómicos muestran un aumento significativo de las poblaciones de lobos, pasando de 279 a 333 manadas a nivel nacional y de 179 a 193 en Castilla y León. "Se estrecha el círculo al Gobierno", declaró, exigiendo que se derogue de inmediato la normativa española que incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) también ha respaldado el cambio, considerándolo un paso hacia la convivencia entre el lobo y la ganadería. Critican al Gobierno por ignorar "los datos reales del crecimiento de la población de lobos en España" y los problemas que, según la asociación, esta especie causa al sector ganadero.
Por su parte, organizaciones ecologistas han expresado su rechazo, calificando la decisión de "irresponsable" y carente de base científica. Argumentan que supone un retroceso en la recuperación del lobo y en los esfuerzos por proteger la biodiversidad europea. Además, señalan que la inclusión del lobo en el Lespre garantiza que España mantenga su régimen de protección, independientemente de la decisión del Comité de Berna.
Aunque el Convenio de Berna permite una gestión más flexible, en España cualquier cambio deberá pasar por la derogación o modificación de normativas nacionales. Mientras tanto, el Ministerio para la Transición Ecológica ha recordado que los Estados miembros están obligados a mantener a sus poblaciones de lobos en un estado de conservación favorable.
La polémica está servida. Mientras ganaderos y comunidades autónomas como Castilla y León exigen una adaptación inmediata a la nueva normativa internacional, los ecologistas luchan por mantener la protección del lobo. El desenlace dependerá de cómo se desarrollen los próximos pasos en la esfera legislativa europea y nacional.
JALON
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