EL JUICIO POR LA PRIMERA DE LAS INMATRICULACIONES DE MONTERDE SE CELEBRARÁ EL 19 DE FEBRERO SIN ACUERDO ENTRE AYUNTAMIENTO Y DENUNCIANTE

El próximo 19 de febrero se celebrará finalmente el juicio por la primera de las denuncias presentadas contra las inmatriculaciones realizadas por el Ayuntamiento de Monterde, después de que el pasado 28 de noviembre el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Calatayud tuviera que suspender la sesión debido a la incomparecencia del abogado defensor del consistorio, quien presentó una baja médica la noche anterior.

La defensa del Ayuntamiento planteó en aquella ocasión su voluntad de llegar a un acuerdo con los denunciantes, motivo por el cual el juez concedió un plazo de 60 días hábiles para que ambas partes pudieran negociar un posible pacto previo a la celebración del juicio. Sin embargo, según han denunciado desde la Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde, este tiempo no ha servido para más que "dilatar el proceso", ya que según aseguran, el Ayuntamiento no ha realizado ningún movimiento en pos de un acuerdo.

Inicialmente, la vista estaba programada para el 18 de septiembre, pero fue aplazada a petición del Ayuntamiento. Posteriormente, de cara a la sesión del 28 de noviembre, el consistorio solicitó un nuevo aplazamiento, que en esta ocasión fue rechazado por el juez. No obstante, la incomparecencia del abogado defensor obligó a la suspensión del juicio, lo que generó una gran indignación entre los afectados. Desde la Asociación de Perjudicados por el Alcalde de Monterde, han calificado lo sucedido como una "clara estrategia para retrasar el proceso lo máximo posible", advirtiendo con ironía que en la próxima sesión "esperemos que no le duela el otro brazo".

Un conflicto enquistado

El caso de las inmatriculaciones en Monterde es una cuestión que mantiene en vilo a la localidad desde hace meses. El Ayuntamiento incluyó en su inventario municipal cerca de 200 propiedades, entre terrenos agrícolas, bodegas y viviendas, muchas de ellas habitadas por personas mayores. La denuncia que se resolverá en el juicio del 19 de febrero hace referencia a un terreno de 400 metros cuadrados situado en el casco urbano, que el consistorio inscribió a su nombre en 2022 sin previo aviso a los herederos legítimos.

El grueso de las inmatriculaciones salieron a la luz tras la muerte accidental de una vecina de la pedanía de Llumes, cuando sus herederos descubrieron que varias propiedades habían sido registradas a nombre del consistorio aprovechando la caducidad de los registros. Desde la Asociación de Perjudicados aseguran que este proceso se llevó a cabo sin debate previo en el pleno municipal y sin notificación a los propietarios afectados.

La Asociación lamenta que, a pesar de la disposición inicial del Ayuntamiento a negociar, este periodo de espera ha resultado infructuoso. "El señor alcalde no quiere más que alargar los tiempos, no quiere acuerdo de ningún tipo", afirman los afectados, quienes denuncian que esta estrategia busca forzarles a litigar con los consiguientes gastos judiciales. "Es dinero de nuestro bolsillo y de las arcas municipales. A él no le importa porque juega con el dinero de todos", aseguran.

Un clima de tensión creciente

La incertidumbre generada por este proceso ha llevado a los vecinos a movilizarse en varias ocasiones, exigiendo soluciones a las diferentes administraciones. Han realizado concentraciones ante el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza y la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, contando en varias de ellas con el apoyo de representantes políticos y sociales.

La Asociación de Perjudicados por el Alcalde de Monterde ha convocado una manifestación para el próximo miércoles, 29 de enero, en Calatayud, con el objetivo de visibilizar su lucha contra las inmatriculaciones de terrenos llevadas a cabo por el Ayuntamiento del municipio. La protesta partirá desde la sede de la Comarca Comunidad de Calatayud, recorrerá el Ayuntamiento bilbilitano y finalizará en el Paseo, y señala al alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, como senador del PP por Zaragoza, y al gobierno comarcal, también de signo Popular, a los que acusan de "estar mirando para otro lado ante las tropelías de su compañero de partido, el alcalde de Monterde", señalan.

Desde la Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde han hecho también un llamamiento a Marina Sevilla, directora de Administraciones Públicas del Gobierno de Aragón, para que tome cartas en el asunto por la situación que está viviendo el Ayuntamiento de Monterde, tanto por las inmatriculaciones como por la investigación al alcalde por presunto fraude electoral.

Un alcalde con muchas citas en los juzgados

El caso de las inmatriculaciones se suma a otra controversia que afecta al alcalde de Monterde, José Gracia, quien está siendo investigado por un presunto fraude electoral tras la inscripción presuntamente irregular de 14 personas en el censo municipal, coincidiendo con las elecciones municipales de mayo de 2023. La Fiscalía le imputa también posibles irregularidades en los comicios nacionales del 23 de julio y en las elecciones europeas del pasado verano.

La instrucción del caso de fraude electoral continuará con nuevas declaraciones el próximo 31 de enero y 3 de febrero, cuando está previsto que comparezcan las 14 personas inscritas de manera presuntamente irregular. Mientras tanto, todas las miradas están puestas en el juicio del 19 de febrero, que marcará un punto de inflexión en el futuro del Ayuntamiento de Monterde y, según afirman desde la Asociación de Perjudicados, podría ser clave para que otros afectados emprendan acciones legales.

Los vecinos afectados confían en que el proceso judicial finalmente ponga fin a lo que consideran un "despropósito legal", y aseguran que seguirán luchando para recuperar lo que consideran suyo por derecho.