LOS AFECTADOS POR LAS INMATRICULACIONES DE MONTERDE CONDENAN LAS PINTADAS DE "FAGO" Y REITERAN SU PETICIÓN DE DIÁLOGO A "POLÍTICOS Y ADMINISTRACIONES"

Tras las declaraciones realizadas este martes 28 de enero por José Manuel Aranda, senador por Zaragoza y alcalde de Calatayud, en el programa Los Desayunos de Alto Jalón Radio, la Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde ha emitido un comunicado en el que desmiente su vinculación con las pintadas aparecidas en los carteles de la carretera que relacionan a Monterde con el caso Fago. “Queremos dejar claro que por parte de la Asociación no tenemos nada que ver, ni apoyamos ni aprobamos dichas pintadas”, señala el texto.

Tras la intervención de Aranda en Alto Jalón Radio, en la que ha argumentado que no es su responsabilidad como alcalde de Calatayud ni como senador mediar en este asunto, la Asociación insiste en que su lucha busca evitar un problema social en la localidad, siempre desde la vía pacífica y con un llamamiento al diálogo político. 

Un llamamiento a la empatía

La organización lamenta profundamente la situación generada por las inmatriculaciones, que ha supuesto que algunos vecinos pierdan propiedades, incluidas sus viviendas. "Esto genera un gran daño y sufrimiento personal. Pedimos a nuestros responsables políticos empatía con el sufrimiento de sus vecinos y, al menos, que nos escuchen. Eso sí está en la mano de todos ellos", recalcan.

En respuesta a las declaraciones de Aranda, quien afirmó que el caso está judicializado y que no se posicionará al respecto, la Asociación vuelve a clamar por el diálogo y señala que el pasado septiembre de 2024 presentaron una pregunta formal al Ayuntamiento de Monterde, cuestionando por qué el alcalde se niega a recibir a los afectados individualmente para estudiar sus casos. Según el comunicado, dicha consulta aún no ha obtenido respuesta.

El próximo juicio el 19 de febrero

Mientras tanto la primera, y de momento única, de las inmatriculaciones que ha tenido que llegar a juicio pues se ejecutó antes y por tanto expiraban sus plazos, se dirimirá en el Juzgado de Calatayud el próximo 19 de febrero, tras varios retrasos y aplazamientos propiciados por el Ayuntamiento de Monterde. El último, una baja médica de última hora del letrado del Ayuntamiento que fue aprovechada para expresar una voluntad de llegar a un acuerdo por parte del consistorio.

Esto sucedió el pasado 28 de noviembre y el juez, no sin reprender antes al Ayuntamiento su falta de voluntad para llegar a un acuerdo mostrada durante todo el proceso, decidió otorgar 60 días de plazo para que el consistorio presidido por José Gracia ofreciera una solución pactada. Ante la inexistencia de una oferta de diálogo, el juez ha decidido poner fecha a la sesión.

"La solución es posible, solo hace falta voluntad"

Aunque los afectados reiteran en su comunicado su deseo de diálogo y de una solución que no obligue a ambas partes a asumir grandes costas legales, en su intervención en Los Desayunos, Aranda destacó que la situación compete a la autonomía municipal y que no es un tema de su competencia. Además, afirmó que los afectados deberían centrar sus demandas en demostrar la propiedad de los terrenos en cuestión, dejando que los tribunales sean quienes diriman las diferencias. 

Sin embargo, la Asociación considera que “la solución es posible” sin necesidad de llegar a juicio, si las partes implicadas muestran voluntad para encontrar un acuerdo. El comunicado de respuesta concluye reiterando su disposición al diálogo y su esperanza de que se pueda resolver este conflicto de manera justa y sin generar mayores daños para los vecinos ni para el municipio. "Pedimos que se nos escuche, porque esta situación no solo afecta a propiedades, sino a la dignidad y la convivencia de nuestro pueblo".

Este miércoles se manifestarán en Calatayud en un nuevo intento de conseguir atención por parte de unos políticos y unas administraciones a los que les exigen "que nos escuchen y hagan lo posible para ayudar a solucionar el problema sin tener que llegar a los tribunales", subraya el comunicado, destacando que esto evitaría "un quebranto económico, tanto para los afectados como para las arcas del Ayuntamiento".