EL AYUNTAMIENTO DE MONTERDE RECULA Y DA LA RAZÓN A LA DENUNCIANTE EN EL JUICIO POR LA PRIMERA DE LAS INMATRICULACIONES

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Calatayud ha acogido esta mañana el juicio por la primera de las inmatriculaciones realizadas por el Ayuntamiento de Monterde en los últimos años. El consistorio ha optado por allanarse a la demanda, alegando haber descubierto un nuevo documento, el cual, la propia querellante había presentado ya hace un año, lo que significa que ha reconocido todas y cada una de las pretensiones de la demandante, evitando así mediante este movimiento pagar las costas del juicio, por lo que cada parte deberá asumir el dinero gastado en el proceso.

Este allanamiento, que supone una admisión de la irregularidad de la inscripción registral realizada por el Ayuntamiento, da la razón a la propietaria afectada, Raquel Cisneros, quien llevaba ya más de dos años pleiteando para recuperar la titularidad de su terreno. La decisión del Ayuntamiento, cuyo alcalde no ha estado hoy en la Sala, supone un reconocimiento implícito de la falta de fundamento en su reclamación sobre el inmueble, una circunstancia que deja en evidencia la política de inmatriculaciones que ha llevado a cabo el consistorio en los últimos años.

El juez dictará ahora sentencia en este sentido, declarando la propiedad del terreno inmatriculado a nombre de la demandada y original propietaria, quien adquirió el terreno por herencia tras la muerte de su madre. Una defunción que fue por otro lado el detonante para conocer que el Ayuntamiento había registrado a su nombre un terreno que no formaba parte de su inventario tal y como hoy ha reconocido el propio consistorio. Cuando la demandante, Raquel Guillén, fue a realizar las gestiones de la herencia del terreno en el registro se topó con que ya lo había registrado a su nombre el Ayuntamiento presidido por José Gracia. 

Un reconocimiento tardío tras múltiples intentos de retraso

El proceso judicial ha estado marcado por continuos intentos de retraso por parte del Ayuntamiento. La vista había sido suspendida en varias ocasiones a lo largo de los últimos meses con distintas justificaciones, desde peticiones de aplazamiento hasta la baja de última hora del abogado defensor municipal. A pesar de que en la última suspensión el Ayuntamiento argumentó que intentaría llegar a un acuerdo con la demandante, finalmente no se produjo ninguna negociación efectiva. 

"Tuvimos que darle un plazo y comunicar con el juez que el Ayuntamiento no tenía intención de llegar a un acuerdo para que pusiera la fecha de hoy para el juicio, porque si no, nos habríamos ido al mes de abril, que es lo que querían", explica Cisneros, aliviada por terminar un camino de espinas que ha durado ya más de dos años, desde que en 2023 muriera su madre. "Han sido innumerables visitas al registro, 20 o 30 viajes a Zaragoza desde Madrid, donde resido, miles de euros en abogado, procurador, viajes, perito... además de todo el tiempo y la afección psicológica que esto genera a cualquiera", explica  la demandante, que va a tener que asumir unas costas que "son mayores de lo que vale el terreno", señala.

Cisneros ha denunciado la estrategia del Ayuntamiento y su alcalde para retrasar el proceso lo más posible. "Hemos ofrecido cientos de oportunidades de hablar y negociar y nunca ha querido sentarse con nosotros. Todo para ahora darnos la razón después de dos años de peleas", ha destacado uniéndose a las advertencias de la Asociación de Perjudicados por el Alcalde de Monterde, cuyo vocal, Arturo Pardos, ha denunciado en repetidas ocasiones las tácticas dilatorias del consistorio, señalando que el coste de estos procesos es asumido con dinero público mientras que los afectados deben costear de su propio bolsillo la defensa de su propiedad. 

Implicaciones legales del allanamiento

El allanamiento total por parte del Ayuntamiento implica que el tribunal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, deberá dictar una sentencia condenatoria en la que se restituya la propiedad a la demandante conforme a sus pretensiones. 

Sin embargo, la normativa prevé que si el tribunal aprecia que la actuación del demandado ha sido en fraude de ley o perjudica a terceros, puede rechazar el allanamiento y continuar con el procedimiento. No obstante, al haber sido un allanamiento total y no haberse planteado objeciones en la vista, lo más probable es que la sentencia se dicte en los próximos días sin más dilaciones.

¿Qué pasará con el resto de inmatriculaciones?

La decisión del Ayuntamiento de Monterde en este caso abre una incógnita sobre el futuro del resto de inmatriculaciones denunciadas. Según datos de la Asociación de Perjudicados, hay al menos 20 propietarios dispuestos a llevar su caso a los tribunales, lo que podría suponer un gran coste económico para las arcas municipales si el patrón de allanamiento se repite en futuras vistas.

El allanamiento en este caso sienta un precedente claro: el Ayuntamiento ha reconocido que no tenía derecho a registrar la propiedad como suya. Este reconocimiento podría hacer tambalear el resto de inscripciones realizadas de forma similar, obligando al consistorio a replantear su estrategia antes de que más vecinos acudan a los tribunales.

Por el momento, desde la Asociación de Perjudicados exigen explicaciones al alcalde de Monterde, José Gracia, y le instan a que revierta las inmatriculaciones restantes sin necesidad de más litigios, evitando así más gastos judiciales innecesarios para el Ayuntamiento y perjuicios económicos para los vecinos afectados.