EL GOBIERNO EXCLUYE AL LOBO DEL LISTADO DE ESPECIES PROTEGIDAS

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Esta decisión responde a una de las principales reivindicaciones del sector primario en los últimos años, tras las movilizaciones llevadas a cabo por el sector agrario para revertir la protección del lobo, que fue incluida en el listado en el año 2022 por la entonces vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) muestra su satisfacción por la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), aprobada hoy en el Congreso de los Diputados. El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha valorado positivamente la decisión, subrayando que la inclusión del lobo en el LESPRE se hizo "sin contar con el apoyo del sector agrario y sin escuchar a los ganaderos, principales afectados por la medida". 

Padilla ha recordado que, desde que se tomó aquella decisión, los ataques de lobos al ganado han aumentado un 40% en los últimos tres años. Solo en Castilla y León, las granjas han sido atacadas por lobos en 8.386 ocasiones, provocando la pérdida de 13.091 reses en este periodo. "Es necesario un control poblacional del lobo para que la compatibilización con la ganadería extensiva sea posible", ha señalado Padilla, quien ha insistido en que la decisión del Congreso supone un alivio para los ganaderos, que venían reclamando una respuesta efectiva ante los daños causados por el lobo.

Además de esta medida, el Congreso ha aprobado también hoy el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una normativa que busca prevenir y reducir el desperdicio de alimentos por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria. COAG ha valorado este avance como "un paso importante" para abordar un problema social, ambiental y económico de gran envergadura, aunque ha señalado que las medidas incluidas en la ley "se quedan cortas" para conseguir un cambio estructural en el conjunto de la cadena.

"Es necesario seguir trabajando para lograr una aplicación efectiva y una mayor ambición en la regulación para que el impacto de esta ley sea real y efectivo", ha indicado Padilla, subrayando la necesidad de que las medidas alcancen a todos los actores de la cadena y que se implementen mecanismos efectivos de control y sanción.

Otra de las decisiones clave tomadas hoy en el Congreso ha sido la aprobación de la Ley de Representatividad Agraria, que recupera los contenidos de la ley de 2009, que ya contaba con el respaldo de la mayoría de las fuerzas políticas y de las principales organizaciones agrarias. La nueva norma sitúa en el centro a los agricultores y ganaderos profesionales, cotizantes del SETA y RETA, y establece que para medir la representatividad en el sector agrario a nivel nacional se tendrán en cuenta los resultados de las elecciones agrarias celebradas en las comunidades autónomas. En aquellas comunidades donde no se hayan celebrado procesos electorales, se sumará la situación de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) en esas regiones.

COAG ha valorado positivamente esta ley, al considerar que refuerza el papel de los agricultores y ganaderos como actores fundamentales en la toma de decisiones que afectan al campo. "La nueva ley de representatividad sitúa en el centro a los profesionales del campo y garantiza que las decisiones que afectan al sector agrario se adopten teniendo en cuenta la voz de quienes trabajan directamente en él", ha concluido Padilla.

Con estas decisiones, el sector agrario logra varias de las reivindicaciones históricas que COAG venía defendiendo en los últimos años, marcando un punto de inflexión en la gestión de la actividad ganadera y agrícola en España.