"MENOS VISITAS DEL CONSEJERO Y MÁS FINANCIACIÓN": LOS PRODUCTORES DE CEREZA DE CALATAYUD Y ARANDA EXIGEN AL GOBIERNO DE ARAGÓN QUE MATERIALICE SU APOYO LA FUTURA IGP

Este miércoles, el salón de plenos de la Comarca Comunidad de Calatayud acoge una asamblea clave para el futuro del sector agrícola de las comarcas del Aranda y Calatayud: la reunión de socios del proyecto de la IGP de la cereza, un distintivo de calidad largamente anhelado por los productores de la zona y que, tras años de parálisis, comienza a dar pasos decisivos hacia su materialización.

El encuentro busca concretar aspectos fundamentales como el modelo de financiación y la firma inminente del contrato con la empresa encargada de redactar el proyecto técnico de la Indicación Geográfica Protegida (IGP), una herramienta que permitiría a los agricultores vender con mejores márgenes, abrirse a mercados internacionales y, sobre todo, certificar la calidad excepcional de una fruta que es también un pilar para fijar población en el medio rural.

“No queremos más visitas ni más palabras, queremos dinero”, ha reclamado Noelia Sánchez, alcaldesa de Valtorres y una de las impulsoras de la iniciativa, en declaraciones a Pasajeros al Tren. Sánchez ha sido clara al denunciar la falta de apoyo efectivo por parte del Gobierno de Aragón, a pesar de que el consejero de Agricultura, el bilbilitano Javier Rincón, aseguró en una visita reciente que “no iba a ser problema de dinero”. “Eso está muy bien para la hemeroteca —ha dicho Sánchez—, pero ahora que vamos al banco a buscar financiación, necesitamos ese respaldo institucional”.

Con un coste estimado de 70.000 euros, el proyecto será inicialmente sostenido por los propios productores y comercializadores, que ya han comenzado a comprometer sus aportaciones. Sin embargo, la viabilidad y el alcance del sello de calidad dependerán del empuje institucional. Sánchez ha subrayado que este esfuerzo no puede recaer únicamente sobre el sector: “Cuando estamos en una institución pública, sea un ayuntamiento o una comarca, tenemos la obligación de defender estos proyectos”.

La iniciativa ha ganado fuerza tras un periodo de estancamiento motivado, entre otros factores, por la pandemia. El reciente relevo generacional en municipios como Valtorres ha traído aire fresco al sector, con jóvenes agricultores que apuestan por continuar la tradición frutícola. “Cuando un chico de mi pueblo, el más pequeño de toda la comarca, decide quedarse junto a su pareja para producir cereza, eso hay que cuidarlo como una piedra preciosa”, ha expresado con emoción Sánchez.

Además del valor económico y agrícola, la IGP puede tener un impacto directo en la dinamización del territorio, con oportunidades para la agroindustria, el turismo rural y la hostelería. “Imaginad las posibilidades de una empresa que ofrezca paseos entre cerezos en flor como en el Valle del Jerte”, ha apuntado la alcaldesa, destacando el potencial turístico de una marca que también contribuiría a visibilizar el paisaje agrícola de la zona.

Desde el ámbito político, la iniciativa también ha recibido un primer espaldarazo a nivel nacional. El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Proposición No de Ley en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, liderada por el diputado bilbilitano Víctor Ruiz de Diego, para solicitar el respaldo de la Cámara Baja al proyecto de IGP.

Sánchez ha querido dejar claro que esta causa debe trascender siglas: “Me da igual el partido. La cereza no tiene ideología. Este reconocimiento será de Aragón y de España entera, si conseguimos sacarlo adelante”. Con su intervención, la alcaldesa ha resumido el sentir de muchos productores: sin el apoyo firme de las instituciones, el esfuerzo del campo se queda cojo.

La cita de este miércoles representa, por tanto, mucho más que una reunión administrativa. Es un acto de reafirmación del mundo rural, una apuesta colectiva por un futuro con sabor a cereza, en el que la calidad del producto sea la llave para conservar lo más importante: la vida en los pueblos.

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