LA JUNTA DE CyL PLANIFICA UNA MACROINCINADORA DE RESÍDUOS: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DENUNCIA GRAVES CONSECUENCIAS AMBIENTALES

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha propuesto a diputaciones provinciales, consorcios de residuos y ayuntamientos de Burgos, Soria y Valladolid un convenio para centralizar la incineración del rechazo de los centros de tratamiento de residuos (CTR) en una única macroinstalación regional, gestionada por la empresa pública SOMACYL. El proyecto prevé la quema de entre 350.000 y 500.000 toneladas anuales de basura doméstica y compromete a las entidades locales a entregar el 90 % del rechazo generado, durante al menos cuatro décadas, a un coste de 90 euros por tonelada, con penalizaciones por incumplimiento.

Ecologistas en Acción ha advertido de las graves consecuencias ambientales, sociales y económicas de esta propuesta, que considera un giro drástico en el modelo de gestión de residuos sin debate público previo ni respaldo en el actual —y caducado— Plan Regional de Residuos de Castilla y León. El contenido del convenio, revelado por la organización ecologista, incluye además la posibilidad de incorporar otros residuos “susceptibles de valorización energética” para garantizar la viabilidad económica de la planta.

Según el borrador, el modelo de macroincineradora responde a una lógica centralizada y de gran escala, similar a instalaciones ubicadas en áreas densamente pobladas como Madrid o Barcelona. Sin embargo, Ecologistas en Acción advierte de que su aplicación en una comunidad como Castilla y León implicaría el tránsito diario de cientos de camiones cargados de basura desde todos los rincones del territorio, con el consiguiente impacto logístico y medioambiental.

La planta se aprobaría como Proyecto Regional, lo que permite a la Junta imponer su ubicación a cualquier municipio sin necesidad de consenso local. La gestión quedaría en manos de SOMACYL, sociedad pública caracterizada por su opacidad y dirigida por el actual Director General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez.

Desde la organización ambiental se denuncia que el compromiso a largo plazo exigido a los ayuntamientos impediría avanzar en la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, ya que obliga a mantener una cantidad constante de desechos que alimentarían la incineradora bajo amenaza de sanciones económicas. Esta imposición, subrayan, supondría la pérdida de autonomía municipal en una competencia clave como la gestión de residuos.

Ecologistas en Acción también alerta del grave riesgo para la salud asociado a las emisiones de la incineración, incluyendo metales pesados, dioxinas, furanos e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Recuerda que estudios del Centro Nacional de Epidemiología han vinculado este tipo de instalaciones con incrementos significativos en determinados tipos de cáncer.

En este contexto, la organización ecologista exige la retirada del proyecto y la apertura de un proceso participativo para la elaboración de un nuevo Plan Regional de Residuos ajustado a la legislación vigente y alineado con los principios de la economía circular. También llama a las entidades locales a rechazar el convenio, al considerar que comprometería durante décadas su capacidad de actuación y pondría en riesgo los objetivos ambientales europeos y nacionales.

Como preludio al modelo de incineración promovido por la Junta, mañana está prevista la aprobación de la autorización ambiental para la primera incineradora de residuos municipales de Castilla y León, promovida por el Ayuntamiento de Burgos en el Ecoparque de Cortes. Oculta bajo la denominación de “Remodelación del Centro de Tratamiento de Residuos de Cortes”, la planta prevé quemar más de 35.000 toneladas anuales del contenedor gris, generando 10.000 toneladas de cenizas y escorias consideradas residuos peligrosos.

El vocal de las organizaciones ambientales en el Consejo de Medio Ambiente y Urbanismo solicitará mañana la denegación de dicha autorización, alegando incoherencia con la estrategia regional y reclamando una nueva fase de información pública para garantizar la participación ciudadana en un asunto con potencial impacto directo sobre la salud de la población.