La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud ha decretado la libertad provisional para Iván R. M., director del Centro de Acogida de Menores (CAM) de Ateca, tras ocho meses en prisión preventiva. La decisión, tomada a petición del Ministerio Fiscal y secundada por algunas de las defensas personadas en el proceso, impone al investigado una fianza de 3.000 euros, la obligación de comparecer dos veces al mes en el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país.
Iván R. M. fue detenido en agosto de 2024, junto a dos educadores y dos auxiliares del centro, tras las denuncias presentadas por dos menores internos que acusaban a los trabajadores de delitos contra la integridad moral, torturas, lesiones y pertenencia a grupo criminal. Los menores, un chico de 16 años y una chica de 17, relataron episodios de maltrato físico y psicológico, incluyendo quemaduras con cigarrillos, golpes, insultos de carácter sexual y privación de alimentos.
La investigación judicial, que sigue en curso, ha recopilado hasta la fecha testimonios de 15 presuntas víctimas que han declarado haber sufrido abusos en el centro. Algunas de ellas han manifestado secuelas psicológicas severas como consecuencia de los hechos. La jueza considera que se han practicado las diligencias suficientes para que la libertad provisional de Iván R. M. no suponga un peligro para la investigación ni exista riesgo de fuga.
Por su parte, los abogados de las víctimas han recurrido la decisión, expresando su preocupación de que esta medida pueda abrir la puerta a la liberación de otros acusados. Jorge Piedrafita, abogado de una de las víctimas, ha señalado la gravedad de los hechos y la necesidad de una instrucción rigurosa para exigir las máximas penas, según declaraciones recogidas por la Cadena SER.
El CAM de Ateca fue clausurado en agosto de 2024 tras destaparse las denuncias. El Gobierno de Aragón reubicó a los menores en otros centros y anunció su intención de personarse como perjudicado en la causa. La situación procesal de los otros cuatro trabajadores detenidos en agosto permanece sin cambios, continuando en prisión provisional mientras avanza la investigación.
JALON
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