CSIF SEÑALA A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN COMO CULPABLE DEL CONFLICTO CON LA BIBLIOTECA COMPARTIDA EN ATECA: "TODO ESTO NO HABRÍA PASADO SI LA ADMINISTRACIÓN FUNCIONARA COMO DEBE"

El conflicto por la biblioteca compartida del IES Zaurín de Ateca ha sacado a la luz un problema estructural que va mucho más allá de una sala cerrada: la falta de personal y el atasco burocrático en la Dirección Provincial de Educación de Zaragoza. Así lo ha señalado esta mañana en los micrófonos de Alto Jalón Radio Mónica de Cristóbal, responsable de Educación de CSIF Aragón, quien ha subrayado que “la raíz del conflicto es la inacción institucional derivada de la falta de medios en la propia administración”.

Según ha detallado la portavoz sindical, el conflicto entre la dirección del centro educativo y el Ayuntamiento de Ateca no es un hecho aislado, sino el síntoma de un problema estructural mucho mayor: la saturación y el colapso de la administración educativa en Zaragoza debido a la falta de cobertura de vacantes. “Hay una falta brutal de ocupación de las plazas generadas en el sistema. Las vacantes están creadas, pero no se cubren, porque nadie quiere ir a trabajar allí”, ha afirmado de Cristóbal, advirtiendo de que esta situación impide una gestión ágil y eficaz en todos los ámbitos, desde la financiación de los centros hasta la atención a las necesidades del alumnado.

La sindicalista ha asegurado que la Dirección Provincial arrastra una sobrecarga administrativa “enorme” que se traduce en retrasos en becas, pagos, sustituciones docentes y planificación de recursos. “Es un engranaje muy complejo que requiere mucho trabajo. Hay que tramitar escolarizaciones, transporte, comedores, sustituciones, nuevas construcciones… y no hay manos suficientes para atenderlo todo. Eso está repercutiendo directamente en el funcionamiento de los centros y en casos como el de Ateca”, ha denunciado.

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“La Dirección Provincial ha tardado demasiado en actuar”: CSIF apunta al colapso burocrático como origen del conflicto educativo en Ateca

La situación crítica de la Dirección Provincial de Educación de Zaragoza ha sido señalada esta mañana como una de las principales responsables del conflicto surgido en el IES Zaurín de Ateca, donde la polémica por el uso compartido de la biblioteca municipal ha desembocado en protestas, dimisiones y un profundo malestar social.

“La Dirección Provincial ha tardado muchísimo en intervenir”, ha afirmado con rotundidad, asegurando que la Junta Directiva del IES llevaba meses —incluso años— comunicando por cauces ordinarios la necesidad de revisar el convenio de uso compartido con el Ayuntamiento de Ateca, ante el aumento de necesidades de espacio y el encarecimiento de los suministros. “No les hacían caso, ni en Zaragoza ni en Educación”, ha explicado.

Según De Cristóbal, el centro educativo ha tenido que asumir durante años el sobrecoste derivado de abrir la biblioteca por las tardes sin recibir a cambio ninguna compensación económica. La dotación ordinaria que reciben los institutos, ha explicado, “está calculada en función del número de alumnos, y sirve para cubrir lo básico: calefacción, luz, papel higiénico… si tienes un uso extra, necesitas un ingreso extra”.

La clave del conflicto ha estado, según la representante sindical, en la falta de reacción de la Dirección Provincial. “No es que no supieran lo que pasaba, es que no hay personal suficiente para atender todas las solicitudes. Hay tantas vacantes sin cubrir que las carpetas se acumulan y los problemas no se resuelven”, ha denunciado. “Hemos exigido que se hagan más atractivas esas plazas porque nadie quiere ir a trabajar allí en esas condiciones, y eso está afectando a todo: a las bajas, a las becas, a los convenios como este…”.

Respecto a la gestión presupuestaria de los centros, la portavoz sindical ha explicado que los institutos reciben una asignación económica que a menudo llega con retraso y que debe destinarse a gastos básicos como calefacción, luz, material y suministros. En el caso del IES Zaurín, ha señalado que el uso vespertino de la biblioteca compartida incrementaba notablemente esos gastos, “que el instituto no podía seguir asumiendo sin contraprestación”. Según CSIF, la dirección del centro asumió durante años costes de mantenimiento que debían correr a cargo del Ayuntamiento. “Cuando la calefacción se gasta por las tardes, por las mañanas no hay gasoil. Y eso afecta directamente a los estudiantes”, ha dicho.

Una acción drástica que no podían explicar

Preguntada por la decisión del equipo directivo de cortar la luz y la calefacción a la biblioteca, De Cristóbal ha sido clara: “Fue una medida drástica, sí. Pero ha funcionado. Desde entonces se ha implicado la Consejería, se ha dado orden de reabrir el servicio y se han comprometido a firmar un nuevo convenio”. De Cristóbal ha subrayado que la dirección del centro actuó tras un largo proceso de peticiones formales no atendidas. “El Instituto solicitó durante meses que se cumplieran los acuerdos del convenio firmado con el Ayuntamiento para el uso compartido de la biblioteca. Nadie les hizo caso. Ni el Ayuntamiento abonó los gastos, ni la Dirección Provincial intervino para mediar. El equipo directivo no debería haber sido quien tomara decisiones como cortar la luz. Pero si nadie responde, es lógico que haya hartazgo”, ha señalado.

Pese a la polémica generada, la directiva del centro no había hecho públicas estas tensiones hasta ese momento, y según la portavoz sindical, hay una razón clara para ello: “No pueden contar lo que pasa. Son representantes de la Administración y no tienen la capacidad ni el derecho de explicar sus decisiones a la ciudadanía directamente. Y si lo hacen, se arriesgan a ser expedientados. Yo sí puedo contarlo. Yo sí puedo explicar que llevan años pidiendo soluciones a la Dirección Provincial sin que nadie les hiciera caso”. Esa es, ha añadido, una de las razones por las que la ciudadanía ha entendido la medida como un ataque, “cuando en realidad era una llamada de atención institucional, también hacia la Dirección Provincial”.

CSIF considera que la responsabilidad última de esta controversia es por tanto de la Dirección Provincial de Educación, que, según la portavoz, “dejó en manos del equipo directivo competencias que no les correspondían, como la resolución del conflicto o la gestión económica de servicios ajenos”. Ha confirmado que desde el centro se enviaron múltiples comunicaciones formales y solicitudes a la Dirección Provincial y al Gobierno de Aragón sin obtener respuesta. “La administración está desbordada. Y esa desatención ha sido clave para que el conflicto escalara hasta donde lo ha hecho”, ha afirmado.

"En el centro no puede haber nadie que no haya pasado los filtros exigidos para trabajar con menores"

Otro punto clave que ha puesto sobre la mesa es la legalidad del uso de espacios educativos por parte de personal municipal durante el horario lectivo. De Cristóbal ha asegurado que la presencia de personal no docente en horario escolar dentro del instituto, como es el caso de la bibliotecaria contratada por el Ayuntamiento, puede vulnerar la ley. “No puede haber nadie que no haya pasado los filtros exigidos para trabajar con menores dentro de un centro educativo en horario lectivo. Eso es ilegal. Y ese uso impide además que el centro pueda emplear ese espacio para otras actividades formativas o de desdoble, que cada vez son más necesarias”, ha argumentado.

Denuncian pintadas y déficit de mantenimiento en otros espacios compartidos del centro

Además de la biblioteca, el sindicato ha denunciado el mal estado de conservación de otras instalaciones compartidas como la pista de tenis del centro, señalando que presenta desperfectos graves que suponen un riesgo para el alumnado. “Hay vallas rotas, cables al aire, una red totalmente deteriorada... y pintadas ofensivas hacia el director del centro que aún no han sido borradas”, ha explicado, exigiendo al Ayuntamiento que asuma sus responsabilidades en materia de mantenimiento.

“Lo que no puede ser es que por dejadez, por olvido o por mirar hacia otro lado, se permita que haya cables al alcance de menores o insultos en las paredes. Eso tiene que corregirse de inmediato si queremos avanzar hacia una solución”, ha concluido.

CSIF exige un nuevo convenio que garantice el funcionamiento del centro

Desde el sindicato, aseguran que la situación no debe volver a repetirse. “Hablamos de espacios públicos, de servicios financiados con dinero de todos. El Ayuntamiento y la Dirección Provincial tienen que sentarse, revisar ese convenio y adaptarlo a la realidad actual. No sirve uno de hace 18 años, con cifras desfasadas y necesidades completamente distintas”.

De Cristóbal ha reconocido que el conflicto se ha ido de las manos y ha generado una situación de alta tensión social, especialmente en un municipio pequeño como Ateca. Sin embargo, ha insistido en que el equipo directivo del IES actuó tras agotar todas las vías administrativas y que la administración autonómica debe tomar medidas urgentes para evitar que casos similares se reproduzcan en otros lugares. “El sistema educativo necesita planificación, coordinación y, sobre todo, medios humanos. Si no dotamos las direcciones provinciales con el personal suficiente, seguiremos viendo parches mal cosidos y conflictos evitables”, ha sentenciado.

CSIF confía en que el acuerdo llegue antes del 1 de junio, como se ha comprometido el Gobierno de Aragón, y que se pueda mantener el uso compartido de espacios como la biblioteca o las pistas deportivas. Pero advierte: “Debe garantizarse la operatividad del centro educativo con los recursos necesarios. El sindicato espera así que se termine llegando a un acuerdo, pero ha pedido al Ayuntamiento y a la Dirección Provincial que firmen un nuevo convenio que refleje la realidad actual de las necesidades del centro y se garantice su correcta operativa con los recursos económicos necesarios. Porque, como ha recordado Mónica de Cristóbal, “el dinero público es de todos”.