MIGUEL RAMO: "EL AYUNTAMIENTO DE MONTERDE SIGUE INTENTANDO INMATRICULARSE NUESTRAS PROPIEDADES A PESAR DE LA OPOSICIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN"

La controversia por las inmatriculaciones en Monterde ha sumado esta mañana un nuevo capítulo tras la entrevista en Buenos Días Alto Jalón a Miguel Ramo, uno de los afectados, quien ha valorado como “una confirmación de todo lo que venimos diciendo” la reciente respuesta oficial del Gobierno de Aragón. En dicho documento, el Ejecutivo autonómico ha dejado claro que se opone a todas las inscripciones realizadas por el Ayuntamiento sobre terrenos que se encuentran fuera del monte de utilidad pública, desautorizando así la actuación del consistorio liderado por el alcalde del PP, José Gracia. Algo que no ha parado los planes del alcalde de Monterde: "sigue intentando inmatricularse propiedades", ha asegurado Ramo.

La noticia sobre la respuesta del Gobierno de Aragón, publicada este pasado martes por elaltojalon.es, detalla además que el Ayuntamiento no ha presentado el informe solicitado por el Gobierno aragonés en 2021 para justificar este proceso, lo que refuerza las sospechas de irregularidad que denuncian desde la Asociación de Perjudicados por el alcalde del Ayuntamiento de Monterde a la que pertenece Miguel Ramo. 

El afectado ha detallado esta mañana que la respuesta institucional por parte de la administración regional coincide palabra por palabra con lo que la asociación de afectados lleva tiempo defendiendo. “Nosotros vamos con la verdad por delante, es difícil rebatirnos”, ha dicho. También ha lamentado que, pese a este respaldo, el Ayuntamiento continúa con nuevos intentos de inscripción, a pesar de haberse allanado en la primera de las demandas judiciales. "Ya dijo el alcalde que esto solo era la punta del iceberg y sigue intentando inmatricularse propiedades privadas", ha señalado.

Uno de los ejemplos más significativos lo representa su propio caso: tras recibir en donación dos fincas de regadío en la vega de Llumes por parte de sus padres, el registro fue bloqueado por un informe del Ayuntamiento que contradecía al del Departamento de Montes, el cual afirmaba que esas parcelas estaban fuera del monte público. "Como se destapó todo esto, el año pasado movimos los papeles para heredar en vida estos terrenos de mi madre, temiéndonos que también se los querría inmatricular", ha explicado Ramo. 

Tal y como marca la ley, Ramo acudió al Registro para llevar a cabo el trámite, y este solicitó un informe para la sucesión patrimonial tanto al Gobierno de Aragón como al Ayuntamiento. A pesar de contar con un informe favorable del Departamento de Montes del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento ha emitido un informe contrario bloqueando el proceso. “El único que se opone es el Ayuntamiento, diciendo una cosa que no tiene ni tras ni revés”, ha insistido.

Durante la entrevista, el afectado ha explicado que ya se han interpuesto en torno a 15 denuncias individuales contra el "lote" de inmatriculaciones, publicadas en el BOE del 4 de abril de 2023, pero ha reconocido que el número es bajo en comparación con las 189 propiedades afectadas. Ramo ha explicado que muchos vecinos no pueden permitirse acudir a los tribunales por el elevado coste de los procedimientos: “Si mi campo está donde Cristo perdió el gorro y me cuesta 2.000 euros llevarlo a juicio, no compensa”, ha denunciado, subrayando la desigualdad económica en la defensa de los bienes privados frente a la administración pública.

Tal y como ha recordado Ramo, el Ayuntamiento ha perdido ya un juicio por estas inmatriculaciones, sobre una propiedad incluida en un BOE anterior, publicado en 2022, y que tuvo que denunciarse previamente pues se cumplía el plazo legal para poder ser reclamada por parte de su propietaria original (dos años desde la publicación en el BOE). Tras cerca de dos años de constantes prórrogas y retrasos, finalmente el Ayuntamiento terminó allanándose a la demanda, dando la razón a la propietaria del terreno inmatriculado. Un caso, el primero en destaparse, que se descubrió por el fallecimiento de la dueña del terreno y la posterior gestión de las herencias, lo que sacó a la luz los planes del Ayuntamiento.

Ramo ha subrayado que la actuación del Ayuntamiento ha estado marcada por la opacidad, el uso de un inventario municipal escueto y la falta de diálogo. “Yo fui concejal ocho años y el inventario que me dio el alcalde eran dos folios: una cafetera, una mesa, la ermita... ninguna finca”, ha dicho. También ha denunciado arbitrariedad: muchas propiedades de alrededor sí han sido inscritas sin problemas a nombre de sus propietarios, mientras que la suya ha sido bloqueada. “Lo mío es un ejemplo, pero hay muchos casos similares. Y algunos incluso han afectado a propiedades de concejales”, ha añadido.

A nivel político, la respuesta del Gobierno de Aragón se produce después de que Izquierda Unida solicitara explicaciones en sede parlamentaria. Según ha relatado Ramo, “los técnicos han hecho bien su trabajo desde el principio, pero los responsables políticos han mirado hacia otro lado”. Ramo ha descrito además el profundo impacto emocional que esta situación ha generado en muchas familias del municipio. “Mi padre tiene 80 años y solo lo he visto llorar una vez: en la manifestación de Calatayud. Esto está generando un sufrimiento brutal, especialmente en la gente mayor”, ha afirmado visiblemente emocionado y asegurando que tras defender sus propiedades, exigirán responsabilidades por el daño causado más allá del propio alcalde: "concejales, políticos que han mirado para otro lado, responsables que podían haber tomado cartas en el asunto... aún estamos a tiempo de solucionarlo", ha destacado.

Por ahora, no hay fechas concretas para los juicios, aunque se espera que comiencen en primavera. Desde la asociación se han acordado nuevas movilizaciones y una segunda ronda de contactos institucionales. “Estamos en carrera y no podemos parar ahora, tenemos que ir hasta el final”, ha concluido Ramo. Mientras tanto, el caso de las 189 inmatriculaciones publicadas en el BOE de 2023, o lo que el propio José Gracia denominó como “la punta del iceberg”, sigue revelando nuevas capas de un conflicto que ha puesto en entredicho la gestión municipal y la capacidad de las instituciones para proteger los derechos de los vecinos del medio rural. 

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