EL GOBIERNO DECLARA DE UTILIDAD PÚBLICA UNA PLANTA FOTOVOLTÁICA DE 150.000 MÓDULOS ENTRE ARCOS DE JALÓN Y MEDINACELI

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Parque híbrido fotovoltáico eólico


El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha declarado la utilidad pública del proyecto de planta solar fotovoltaica CSF Anguita y de sus infraestructuras de evacuación, que se ubicarán en los términos municipales de Arcos de Jalón y Medinaceli, en el Alto Jalón soriano. Así lo ha resuelto esta semana la Dirección General de Política Energética y Minas, en una decisión publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria el pasado viernes.


La planta, promovida por la empresa CSF Continua Anguita S.L., contará con una potencia instalada de 85,80 MW, una potencia pico de 93,06 MW y un presupuesto de ejecución cercano a los 74 millones de euros. La instalación, que iba a ocupar inicialmente 199 hectáreas, finalmente ocupará una superficie de más de 147 hectáreas y tendrá como objetivo principal la generación de energía eléctrica y su vertido a la red mediante una infraestructura de evacuación asociada. La planta contará con 147.720 módulos fotovoltáicos, algo menos de los 200.000 proyectados inicialmente, también para cumplir con los requisitos exigidos durante el proceso de concesión de autorizaciones administrativas.


El proyecto estará localizado en las proximidades de Sagides, en su confluencia con Urex de Medinaceli y Velilla de Medinaceli, en el término municipal de Arcos de Jalón, ubicándose al Sur la línea ferroviaria de alta velocidad (AVE) que une Madrid y Barcelona. La instalación incluye una línea de media tensión subterránea de 30 kV y 7,5 km de longitud, desde la Central Solar Fotovoltaica hasta una nueva Subestación Eléctrica Transformadora en Arbujuelo. Todo ello situado entre Arcos de Jalón y Medinaceli, en la parte soriana del Alto Jalón.


El proyecto inició su tramitación administrativa en 2022, cuando se sometió a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, la de construcción y la correspondiente declaración de impacto ambiental (DIA). Estas autorizaciones fueron concedidas a lo largo de 2023 y 2024. El expediente ha contado con informes favorables de varios organismos, entre ellos la Confederación Hidrográfica del Ebro, Red Eléctrica de España o la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León. Algunas entidades, como ADIF o la Dirección General de Carreteras, emitieron condicionantes técnicos, aceptados por la promotora.


Durante la fase de información pública, el proyecto recibió varias alegaciones, incluyendo una oposición de la empresa Iberenova Promociones S.A.U., propietaria de dos parcelas afectadas. No obstante, al no presentar respuesta tras el trámite de audiencia, se entiende su conformidad según lo dispuesto en el Real Decreto 1955/2000. Por su parte, el promotor ha alcanzado acuerdos con otros titulares de terrenos, excluyendo varias parcelas del expediente expropiatorio por mutuo acuerdo.


El reconocimiento de utilidad pública permitirá ahora la tramitación de expropiaciones necesarias para la ejecución de la planta, aunque quedan pendientes otras autorizaciones vinculadas a normativa territorial y medioambiental. Según la resolución, el argumento para esta declaración es que "el proyecto se enmarca en la estrategia de impulso a las energías renovables en la España rural y contribuirá al cumplimiento de los objetivos nacionales en materia de transición energética". Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Secretaría de Estado de Energía.

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