LA AUDIENCIA PROVINCIAL RECHAZA ARCHIVAR LA CAUSA POR FRAUDE ELECTORAL CONTRA EL ALCALDE DE MONTERDE

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha desestimado el archivo de la causa por presunto fraude electoral contra el alcalde de Monterde, José Gracia (PP), y ha ordenado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Calatayud continúe con la instrucción de las diligencias previas abiertas contra el regidor.

Según publicaba este fin de semana El Heraldo de Aragón, el tribunal considera que existen indicios de la posible comisión de un delito por omisión, en relación con las irregularidades detectadas en el censo electoral del municipio del Alto Jalón. En su auto, la Audiencia sostiene que, aunque el regidor no recibiera personalmente notificaciones de organismos administrativos alertando de anomalías censales, conocía la existencia de empadronamientos presuntamente indebidos y no actuó para impedirlos, lo que podría constituir un delito de prevaricación por omisión.

La acusación particular, ejercida por la Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde, ha mostrado su satisfacción por la decisión judicial, al considerar que la investigación debe continuar “para esclarecer si hubo o no responsabilidad penal” por parte del alcalde. Sobre la filtración del auto judicial a El Heraldo, desde la asociación han declinado pronunciarse, aunque fuentes cercanas al colectivo consideran que la publicación "podría haber sido utilizada para señalarles como responsables de la filtración", algo que rechazan de forma tajante. Aunque han evitado hacer más declaraciones, desde la asociación valoran que la Audiencia “haya reconocido que había elementos suficientes como para no cerrar el caso en este punto”.

El caso gira en torno a supuestas maniobras para alterar el censo electoral en beneficio de la candidatura encabezada por José Gracia, quien, según recoge el auto, “mantuvo como candidata a una persona empadronada irregularmente y que había manifestado no residir ni tener intención de residir en el municipio”. Con esta resolución, el juzgado de Calatayud deberá seguir investigando si la inacción del alcalde ante el presunto fraude censal podría constituir un delito penal.

Sigue así adelante una causa que sigue generando expectación en el ámbito político y judicial y que se suma a la gran polémica generada en el municipio con las inmatriculaciones realizadas por el Ayuntamiento, presuntamente a espaldas tanto del pleno municipal, como de los vecinos, mediante las que el alcalde habría incluido en el inventario municipal cerca de dos centenares de propiedades privadas mediante un procedimiento que, en el primero de los casos judicializados, ha sido ya revertido en los juzgados tras reconocer el Ayuntamiento, después de dos años de ligitigio, que la demandante, heredera del terreno inmatriculado, era la legítima propietaria.