El Ayuntamiento de Monterde ha formalizado recientemente la inversión para la contratación de un servicio externo de asistencia jurídica para defenderse de la impugnación de diversas inmatriculaciones solicitadas por vecinos de la localidad del Alto Jalón. La resolución, firmada el pasado 27 de mayo, adjudica el contrato menor al abogado Luis Novel Peruga por un importe total de 18.137,90 euros (IVA incluido) y una duración de un año.
El contrato aprobado por el consistorio incluye expresamente la asistencia jurídica para "el estudio e impugnación de inmatriculaciones de diversas fincas solicitadas por vecinos de esta localidad", según consta en la resolución oficial. De este modo, y durante un año, las arcas del municipio gastarán más de 18.000 euros en defender la estrategia con la que el alcalde, José Gracia (PP), ha registrado dentro del inventario municipal cerca de dos centenares de propiedades entre las que hay incluso viviendas ocupadas que han sido propiedad de las familias que las habitan desde tiempos inmemoriales.
El contrato ha sido aprobado en favor del abogado habitual del consistorio presidido por José Gracia por un importe sin IVA de 14.990 euros, por debajo del límite máximo permitido para la adjudicación directa de estos servicios por parte de un Ayuntamiento sin necesidad de convocar un concurso público. Así ha otorgado este contrato Gracia mediante resolución, lo que evita que otros abogados presenten sus ofertas por este trabajo para la administración pública, consiguiendo también que la adjudicación no tenga que pasar por Pleno Municipal. El límite está fijado en 15.000 euros sin IVA por Ley para contratos de servicios, es decir, solo 10 euros más de lo aprobado para esta ocasión.
El Ayuntamiento defiende que esta fórmula es la más adecuada para abordar una situación que ha generado un fuerte impacto social y jurídico en el municipio. Mientras, dese la Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde acusan al regidor de "gastar dinero de todos" para defender un procedimiento que califican de "triquiñuela" para "hacer caer las matrículas de sus propiedades en el registro y después inscribirlos a nombre municipal". Todo ello "sin pasar por pleno y sin notificación alguna a los afectados", denuncian desde la Asociación.
Las inmatriculaciones —procedimiento por el cual una finca no registrada pasa a inscribirse por primera vez en el Registro de la Propiedad— han sido objeto de un intenso debate en Monterde, especialmente tras las actuaciones realizadas durante la pasada legislatura. La oposición política y los vecinos afectados han denunciado presuntas irregularidades, que están siendo ya objeto de investigación judicial. En el primero de los juicios sobre este tema, el Ayuntamiento terminó allanándose a la demanda y dando la razón a la propietaria original del bien inmatriculado.
Ahora, ante nuevas denuncias de los inmatriculados, el alcalde de Monterde firma una resolución para invertir 18.000 euros de dinero público en un caso que "podría solucionarse sin gastar dinero público ni el nuestro privado si el señor alcalde tuviera a bien paralizar el proceso y conversar uno a uno con cada afectados". Esta decisión municipal se produce en plena polémica, no solo por las denuncias públicas de la Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde, sino también por el proceso judicial en el que está inmerso el alcalde, investigado por un presunto fraude electoral.
La situación en Monterde sigue bajo el foco mediático y judicial, con un proceso aún abierto y con nuevas actuaciones administrativas que podrían incidir en el devenir del caso. La contratación de asistencia legal especializada por parte del consistorio se interpreta, en este contexto, como una maniobra institucional que podría tener efectos tanto en el plano técnico como político. Mientras tanto, la Asociación de Perjudicados sigue reclamando transparencia y justicia en nombre de los vecinos afectados.
JALON
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