La Asociación El Defensor del Paciente ha remitido un escrito a la Fiscalía Provincial de Zaragoza solicitando su intervención tras la denuncia hecha pública por la responsable del sindicato CSIF en Calatayud, Gloria Bernal, en una entrevista en Alto Jalón Radio y recogida por el medio El Alto Jalón. En dicha intervención, Bernal alertaba de que, debido al grave déficit de pediatras en el Hospital Ernest Lluch, este verano podrían verse comprometidos los partos y cesáreas en el centro, al no poder garantizar la atención pediátrica obligatoria que requiere todo nacimiento hospitalario.
La organización presidida por Carmen Flores califica la situación como “un horror que no puede pasar y que es imperdonable”, y acusa al Gobierno de Aragón de una “dejación de funciones” que podría suponer un riesgo directo para bebés y mujeres. En el escrito, remitido al fiscal jefe de Zaragoza, Felipe Zazurca, la entidad solicita “urgente intervención” por entender que podrían estar en juego derechos fundamentales de la ciudadanía.
Además, El Defensor del Paciente recuerda que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a toda persona que tenga conocimiento de un posible delito público —por razón de su cargo o profesión— a denunciarlo ante la autoridad judicial o fiscal. La asociación apunta también al artículo 376 del Código Penal, referido a funcionarios públicos que, abusando de sus atribuciones, ejecuten actos arbitrarios en perjuicio de terceros, así como al delito de denegación del deber de asistencia y socorro.
En la entrevista publicada por El Alto Jalón, Gloria Bernal advertía de que, ante la falta de pediatras, el centro podría tener que derivar los partos a otros hospitales o suspender temporalmente esta atención sanitaria esencial. La sindicalista señalaba también que esta situación no es nueva, pero que la llegada del verano, con su previsible sobrecarga asistencial, puede agravar un problema que lleva meses sin resolverse.
Este nuevo frente se suma a la creciente preocupación en la comarca del Alto Jalón y Calatayud por la situación del Hospital Ernest Lluch, donde recientemente se han celebrado manifestaciones y concentraciones por la falta de profesionales sanitarios y el deterioro de los servicios básicos, incluida la atención primaria y la salud mental. La denuncia del sindicato y su traslado al ámbito judicial supone un paso más en la visibilización del problema, ahora en el plano legal y con el respaldo de una organización nacional como El Defensor del Paciente.
JALON
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