LOS PERJUDICADOS POR LAS INMATRICULACIONES DE MONTERDE EXIGEN A LOS CONCEJALES DEL PP UNA MOCIÓN DE CENSURA AL ALCALDE

La Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde ha convocado una nueva manifestación en Zaragoza para el próximo viernes 13 de junio, entre las 18:30 y las 20:30 horas. La protesta partirá de la sede del Partido Popular, recorrerá la calle Albareda y el Paseo de la Independencia, y concluirá frente al Monumento al Justicia de Aragón, con el objetivo de visibilizar la situación generada por las inmatriculaciones impulsadas por el alcalde de Monterde, José Gracia Ruiz.

Desde la asociación denuncian que, aunque el caso se encuentra actualmente judicializado, los perjuicios a los vecinos afectados continúan y el proceso se alarga sin visos de solución inmediata. Por ello, reclaman una medida política urgente que permita atajar lo que califican como “un atropello de una administración pública a sus propios ciudadanos”. La solución, sostienen, es clara: una moción de censura que releve al alcalde de su cargo.

Los afectados señalan directamente a los concejales del grupo municipal del PP —Antonio Blancas, Sergio Pascual y José Colás— y les piden que asuman su responsabilidad y actúen contra lo que describen como una gestión autoritaria y unilateral. Recuerdan que fue el propio José Colás quien, en el último pleno, denunció públicamente la forma de proceder del alcalde, al que acusan de actuar sin consultar ni informar a sus compañeros de grupo. Colás ya se quejó en aquel pleno de que el alcalde "toma las decisiones de forma unilateral" y se desmarcó de José Gracia asegurando no haber sido informado"en ningún momento" de las intenciones del regidor monterdino, quien también está inmerso en una investigación por presunto fraude electoral.

La asociación reclama que los ediles se alineen con los vecinos perjudicados, escuchen sus demandas y frenen lo que consideran un uso abusivo de los recursos públicos, gastados en litigios innecesarios. Además, exigen a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y al Gobierno de Aragón (DGA) que auditen las cuentas y la gestión municipal, y al Partido Popular le piden una solución política que ponga fin a la tensión social y devuelva la estabilidad al consistorio.

Actualmente, según la asociación, son alrededor de una veintena los casos que se han denunciado de entre las cerca de dos centenares de propiedades inmatriculadas. "Muchas propiedades valen mucho menos que lo que nos van a costar los juicios", explican los afectados. El primer juicio por estas inmatriculaciones, culminado hace unos meses, se prolongó durante dos años debido a constantes aplazamientos solicitados por la defensa del Ayuntamiento, que finalmente se allanó a la demanda al reconocer la validez de un documento aportado por la parte demandante. Este documento, según dicha parte, estaba en manos del abogado del Ayuntamiento desde hacía un año, lo que ha generado sospechas sobre la dilación intencionada del proceso para desgastar económicamente a los afectados. "Nos hace gastar dinero de nuestro bolsillo para defender lo que es nuestro, y él se gasta el de todos para su defensa", se quejan los inmatriculados.

En el trasfondo de esta nueva movilización se encuentra la reciente polémica por la contratación directa del abogado Luis Novoa, al que se adjudicó la defensa del Ayuntamiento por un importe de 14.990 euros más IVA, es decir, solo 10 euros por debajo del umbral legal que obliga a licitar el servicio. Los denunciantes interpretan esta cifra como una maniobra deliberada para eludir la transparencia del proceso de contratación. En este contexto, cabe recordar que el alcalde se encuentra también investigado por un posible fraude electoral. Aunque intentó que el caso se archivara, la Audiencia Provincial ha considerado que existen indicios de delito suficientes como para continuar con la instrucción.

Con todo, la manifestación de este viernes concluirá en el monumento al Justicia de Aragón, bajo la inscripción de la estatua que reza: “Y para que no sufran daño nuestras libertades, velará un Juez…”. Una acción que, según sus organizadores, simboliza el deseo de que las instituciones actúen antes de que tenga que ser de nuevo la justicia quien imponga la cordura.