LOS EDUCADORES Y EDUCADORAS SOCIALES DE ARAGÓN ALZAN LA VOZ: "CUIDAMOS, PERO NADIE CUIDA DE NOSOTROS"

En una entrevista emitida por Alto Jalón Radio, el educador social y colaborador de este medio con el programa 'Charremos de salud mental', Diego Royo, ha ofrecido un testimonio claro, crítico y profundamente humano sobre la difícil situación que viven los educadores y educadoras sociales en Aragón. Sus palabras resumen años de precariedad laboral, abandono institucional y frustración acumulada por parte de un colectivo que, a pesar de desarrollar un trabajo esencial, se siente sistemáticamente ignorado.

“Esto no es nuevo. Es un conflicto que arrastramos desde hace 20 años”, ha afirmado Royo, al explicar el origen de las movilizaciones que actualmente recorren el sector. La chispa inmediata fue la muerte de una compañera de Badajoz, Belén, un suceso trágico que ha vuelto a poner el foco en las condiciones laborales de quienes trabajan con menores en situaciones de riesgo, en centros de protección o de reforma, o el escandaloso caso del CAM de Ateca.

Royo denuncia que no existe un convenio autonómico digno y que los profesionales del sector siguen ligados a un convenio estatal desactualizado, con salarios que en muchos casos no superan los 1.400 euros mensuales. “Estamos hablando de empresas que gestionan servicios públicos, muchas bajo el paraguas de entidades sin ánimo de lucro, pero que buscan rentabilidad precarizando plantillas”, ha señalado.

En este modelo de gestión concertada, el Gobierno de Aragón licita servicios esenciales que son ejecutados por fundaciones como Kairos, Rey Ardid u Ozanam . Según las reivindicaciones del sector, muchas de estas organizaciones, a pesar de su supuesta vocación social, “optan por emplear profesionales con menor formación y salario más bajo” en lugar de educadores sociales titulados, lo que genera un grave caso de intrusismo laboral. “Meto un integrador, meto un monitor, alguien que cobra menos y traga con todo”, ha explicado con crudeza.

La falta de condiciones dignas no se limita al salario. También se habla de ratios inasumibles, escasa formación continua y escaso apoyo emocional y psicológico para quienes ejercen su trabajo en entornos de alta complejidad. “¿Quién cuida al cuidador?”, se pregunta el educador, apuntando a una realidad invisible: profesionales agotados emocionalmente y sin herramientas adecuadas para sostener el sufrimiento ajeno.

El mensaje de los educadores no solo señala a las empresas gestoras. También interpela directamente a la administración. “Si el Gobierno de Aragón decide no gestionar directamente estos servicios, al menos debe garantizar que las condiciones de quienes lo hacen sean dignas. Y eso no está ocurriendo”, ha remarcado Royo.

La entrevista también ha abordado el impacto de la criminalización de los menores migrantes no acompañados, conocidos como “menas”, término que el propio educador considera ya “obsoleto y estigmatizante”. En este sentido, Diego Royo ha advertido que el discurso de odio alentado por sectores de la extrema derecha “no solo no ayuda, sino que alimenta el incendio social que ya existe”.

En este escenario, la fuga de talento es inevitable. “Hay compañeras y compañeros que se marchan al País Vasco o a Navarra porque allí las condiciones son mucho mejores”, ha indicado.

Aragón, mientras tanto, se queda sin profesionales y con una creciente desatención en sectores tan sensibles como la salud mental infantil o la atención residencial a menores.

El educador ha finalizado la entrevista con una defensa clara de lo público: “Lo ideal sería que estos servicios fueran directamente gestionados por la administración. Pero si no lo son, que al menos se asegure que quien los presta lo haga en condiciones dignas”.

La entrevista no solo puso palabras a una situación límite. También recordó que la educación social es una profesión que nació con vocación de transformación y denuncia, y que no van a renunciar a ella.

“Cuidamos de los demás, pero nadie cuida de nosotros”, ha concluido Royo. Una frase que resume el clamor de cientos de profesionales que, desde hace años, sostienen los márgenes del sistema.

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