SE CUMPLEN TRES AÑOS DEL INCENDIO DE ATECA Y BUBIERCA QUE ARRASÓ 14.000 HECTÁREAS EN EL ALTO JALÓN

Hoy, 18 de julio de 2025, se cumplen tres años de uno de los mayores desastres forestales en la historia reciente de Aragón: el incendio de Ateca y Bubierca. Aquel fuego, declarado el 18 de julio de 2022, arrasó más de 14.000 hectáreas de monte y cultivos en la comarca del Alto Jalón y obligó a desalojar a unos 1.700 vecinos de cinco pueblos de la zona. 

Las llamas avanzaron con tanta rapidez que incluso cortaron durante unas 30 horas la autovía A-2 (Madrid-Barcelona) a la altura de Ateca, dejando imágenes imborrables de un valle envuelto en humo y cenizas.Este fuego desató una crisis medioambiental y social en el Alto Jalón, afectando a once municipios.

Origen y causas: la chispa de una reforestación imprudente

El origen del incendio estuvo en unos trabajos de reforestación que se realizaban en la finca Dehesa del Monegrillo, entre Ateca y Bubierca. A las 16:00 de aquel 18 de julio, una chispa de una excavadora que abría hoyos para plantar árboles prendió el pasto seco y dio inicio al fuego.´

Estas labores las llevaba a cabo una pequeña empresa local subcontratada por Land Life, una compañía de origen holandés dedicada a proyectos de restauración ambiental y compensación de emisiones de CO₂ para otras empresas. Paradójicamente, lo que debía ser un proyecto ecológico terminó provocando una catástrofe: Land Life reconoció en un comunicado que el incendio se produjo durante sus trabajos y aseguró que contaban con todas las autorizaciones ambientales del Gobierno de Aragón para ejecutarlos.

La finca donde comenzó el fuego, de unas 500 hectáreas, había sido autorizada para repoblar 200 hectáreas con nuevas plantas. Mientras la retroexcavadora trabajaba, las altas temperaturas, la sequedad y el viento hicieron que la chispa inicial se transformase en un incendio explosivo. En cuestión de horas las llamas se extendieron por matorrales, pinar y campos de cultivo colindantes. Varios operarios alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, pero poco pudieron hacer: las condiciones meteorológicas extremas de aquel verano de 2022 alimentaron el fuego de forma incontrolable.

Devastación en el Alto Jalón: 14.000 hectáreas arrasadas y pueblos evacuados

Las consecuencias fueron devastadoras. El incendio de Ateca-Bubierca terminó afectando a once términos municipales de la Comarca Comunidad de Calatayud. Ateca y Moros fueron los más castigados, perdiendo prácticamente la totalidad de su masa forestal. También ardieron extensiones significativas en Bubierca, Alhama de Aragón, Villalengua, Castejón de las Armas, Embid de Ariza, Cetina, Contamina, Terrer y Villarroya de la Sierra, entre otras localidades. 

Cinco pueblos tuvieron que ser evacuados por la proximidad de las llamas —Alhama de Aragón, Bubierca, Castejón de las Armas, Moros y Villalengua— dejando imágenes de cientos de vecinos huyendo con lo puesto y la angustia de no saber si sus casas seguirían en pie al regresar. De hecho, en Moros el fuego alcanzó el casco urbano y llegó a quemar varias casas en las afueras antes de ser contenido.

El panorama que quedó tras el paso del fuego era desolador: montes enteros calcinados, con miles de pinos reducidos a troncos negros, campos agrícolas arrasados y un ecosistema gravemente dañado. “No hay nada más que mirar el paisaje para darse cuenta del desastre que nos han provocado”, lamentaba días después Juan Morte, teniente de alcalde de Moros. 

En algunos parajes, especialmente en los barrancos y laderas, la pérdida de vegetación dejó el terreno expuesto a la erosión, aumentando el riesgo de riadas y desprendimientos. Las primeras lluvias tras el incendio arrastraron cenizas colina abajo, contaminando balsas de riego y ríos menores de la cuenca del Jalón.

Negligencia y polémica: un aviso previo ignorado

Muy pronto surgió la polémica sobre hasta qué punto este desastre pudo haberse evitado. Y es que un mes antes del gran incendio ya se había producido un conato en la misma zona y por las mismas causas. A mediados de junio de 2022, durante otra jornada de trabajo de Land Life en la Dehesa del Monegrillo, hubo un pequeño incendio que quemó unas 20-25 hectáreas. 

Aquel primer fuego fue sofocado a tiempo y no pasó a mayores, pero debió encender todas las alarmas. Sin embargo, ni la empresa reforestadora ni la Administración tomaron medidas contundentes entonces. El propio consejero aragonés de Medio Ambiente, Joaquín Olona, reconoció después que el 21 de junio se limitó a enviar un correo electrónico a los responsables de Land Life con recomendaciones, entre ellas la de posponer los trabajos debido a la ola de calor. Esa sugerencia no se tradujo en ninguna orden firme ni seguimiento efectivo.

El resultado fue que, apenas cuatro semanas después, la tragedia se repitió a lo grande. “Ya pasó lo mismo hace un mes”, recordaba con indignación el alcalde de Bubierca, Antonio Borque, refiriéndose a aquel primer incendio pequeño. Borque fue tajante al repartir culpas: “La empresa tiene culpa y los que tenían que haber prohibido (los trabajos) también”. 

Opinión similar expresó José María Castejón, alcalde entonces de Alhama de Aragón, quien pidió prohibir las repoblaciones forestales en pleno verano después del primer susto, y se mostró incrédulo de que nadie parara los pies a la empresa. Castejón incluso quiso revisar el contrato entre Land Life y su contrata local para ver si se contemplaba detener las obras con condiciones meteorológicas adversas o “si es que le presionaban para que trabajara” pese al riesgo. En Moros, el teniente de alcalde Juan Morte se hacía la misma pregunta desesperada: “¿Cómo esa gente podía estar trabajando en esa finca cuando hace un mes con el mismo calor ya produjeron otro incendio?”.

La sensación entre los habitantes del Alto Jalón fue de negligencia e impotencia. Negligencia por parte de la empresa de reforestación, a la que acusan de anteponer sus plazos e intereses económicos a la seguridad, y también por parte de la Administración autonómica, responsable de autorizar y supervisar esos proyectos. “Ha habido negligencia por parte de la empresa y también por parte de las administraciones”, zanjó el alcalde alhameño. 

Muchos se preguntaban por qué no se suspendieron todas las actividades de maquinaría pesada en el monte durante esas semanas de calor extremo, más aún sabiendo lo que ya había ocurrido en junio. A día de hoy, esa sigue siendo la gran pregunta sin respuesta que planea sobre esta catástrofe.

Investigación judicial y depuración de responsabilidades

Tras el incendio, el Gobierno de Aragón anunció acciones legales y la Guardia Civil abrió diligencias para depurar responsabilidades penales. La investigación judicial se centró en cinco personas señaladas como presuntas responsables: los dos hermanos dueños de la empresa subcontratada (siendo uno de ellos el operario de la excavadora que causó la chispa) y tres empleados de Land Life España. 

Todos ellos declararon ante la jueza de Calatayud en calidad de investigados por un posible delito de imprudencia grave. En su defensa, los representantes de Land Life alegaron que su empresa “no dirigía los trabajos” diariamente, sino que solo hacía la supervisión técnica de la plantación, y que las decisiones sobre horarios y medidas de seguridad recaían en la contrata local. Para respaldar esta versión, aportaron un correo electrónico enviado a primera hora de la mañana del 18 de julio al contratista, en el que instaban a extremar las precauciones y a evitar las horas de más calor ese día. Aun así, admitieron que los trabajos continuaron hasta la tarde fatídica.

El Gobierno de Aragón, por su parte, trató de personarse en la causa como perjudicado, subrayando que la actividad que originó el incendio era “estrictamente privada y nada tenía que ver con la Administración”. Esta postura fue muy criticada, dado que fue la Administración (a través del INAGA, su organismo ambiental) quien autorizó el proyecto de Land Life en primer lugar. Organizaciones ecologistas y medios como AraInfo calificaron de “lavado de manos” la reacción del Ejecutivo autonómico, recordando que fue la DGA quien firmó convenios con Land Life para repoblar montes aragoneses dentro de su agenda de sostenibilidad. A día de hoy, el proceso judicial sigue en curso y no se ha dictado todavía sentencia firme. Las víctimas y ayuntamientos afectados esperan que se asuman responsabilidades y que un episodio así no vuelva a repetirse.

Tres años después: reconstrucción del monte y 300.000 placas solares

Tres años después, el Alto Jalón continúa recuperándose de aquella catástrofe. En el terreno ambiental, la regeneración es lenta pero visible. En los montes quemados comienzan a brotar pequeños pinos y encinas entre los tocones chamuscados, signo esperanzador de la resiliencia de la naturaleza. Las labores de restauración forestal avanzan: el Gobierno de Aragón ha invertido en tratamientos de emergencia para frenar la erosión, como acolchados de paja y barreras de troncos en laderas de Ateca y Bubierca.

También se han retirado toneladas de madera quemada (unos 500 hectáreas ya aprovechadas, con objetivo de llegar a 850), y se están mejorando infraestructuras para prevenir futuros incendios, como nuevos depósitos de agua de carga para helicópteros y cortafuegos en puntos estratégicos. Pese a estos esfuerzos, los expertos calculan que harán falta décadas para que el ecosistema forestal se recupere plenamente y vuelva a parecerse al de antes de 2022. La pérdida de suelo fértil y biodiversidad es inmensa, y muchas especies tardarán años en recolonizar la zona quemada.

En el plano socioeconómico, las secuelas también perduran. Agricultores y ganaderos locales vieron arrasadas sus fincas de cereal, olivos y huertos frutales. “Esto tardará más de cinco años en recuperarse y a muchos agricultores ya les pilla mayores. No sé cómo vamos a vivir ahora aquí”, decía con preocupación el propio teniente de alcalde de Moros tras el incendio. Algunos cultivos de secano quizá no se replantaron, y el impacto en la economía rural (ya frágil por la despoblación) ha sido significativo. No obstante, la solidaridad entre pueblos fue ejemplar: municipios vecinos acogieron a los evacuados, se organizaron colectas, y brigadas de voluntarios ayudaron en las tareas de limpieza y replantación simbólica de árboles. La tragedia, dicen los lugareños, “nos unió más como comunidad”, aunque nadie olvida que podría haberse evitado.

Paradójicamente, la zona que ardió ahora también es escenario de un gran proyecto de energía renovable. Justo al cumplirse este tercer aniversario, la empresa Endesa ha iniciado la construcción de tres plantas solares fotovoltaicas de gran envergadura en los términos municipales de Ateca, Terrer y Moros. En conjunto, está previsto instalar 300.000 paneles solares que generarán más de 250 GWh al año, equivalentes al consumo de 72.000 hogares. Estas instalaciones (denominadas parques Dulcenoa, Bílbilis y Terrer) sumarán 134 MWp de potencia y su conexión a la red está proyectada para 2026. Durante la construcción se estima la creación de hasta 350 empleos temporales en la comarca, algo que se valora positivamente tras el duro golpe económico del incendio. Además, Endesa ha anunciado medidas de integración ambiental (uso de pastoreo y apicultura bajo las placas, adecuación de hábitats esteparios en 235 ha) y planes de retorno social con formación y empleo local.

Sin embargo, muchos vecinos observan este desarrollo con sentimientos encontrados. Por un lado, supone invertir en la zona y darle protagonismo en la transición energética. Pero por otro, temen que los beneficios reales se queden principalmente en las grandes empresas promotoras y no en el territorio.  

Tras haber sufrido en carne propia las consecuencias de una imprudencia ambiental, los habitantes de Ateca, Bubierca y pueblos vecinos saben bien que el desarrollo sostenible no puede desligarse de la responsabilidad. Tres años después de aquel incendio, el recuerdo sigue ardiendo, pero también permanece viva la exigencia de aprender la lección para que nada parecido vuelva a ocurrir en el Alto Jalón.