El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha confirmado este miércoles que todas las paradas actuales de las líneas interurbanas, incluidas las situadas en rutas transautonómicas como la de Arcos de Jalón en la línea Madrid-Zaragoza, se mantendrán activas incluso si las comunidades autónomas no asumen su gestión. La medida supone un alivio momentáneo para el Alto Jalón, que veía peligrar una conexión clave por carretera debido al nuevo mapa concesional estatal.
La parada de Arcos de Jalón, esencial para la movilidad de la comarca, se encontraba en riesgo dentro del plan de reorganización del Gobierno central que busca concentrar los servicios en grandes corredores interurbanos. Inicialmente, el Ministerio había planteado que ciertas paradas —entre ellas la de Arcos— quedaran bajo responsabilidad autonómica. Sin embargo, la Junta de Castilla y León, comunidad a la que pertenece esta zona soriana, rechazó asumir el servicio argumentando que no puede hacerse cargo de una línea que atraviesa varias comunidades.
La nota de prensa difundida por el Ministerio este 23 de julio modifica esa postura. Transportes asegura ahora que mantendrá todas las paradas existentes aunque las comunidades no asuman la gestión de los servicios regionales que les corresponden. Además, ofrece una financiación extraordinaria de 40 millones de euros para facilitar la transición, comprometiéndose a mantener la red estatal actual en caso de negativa autonómica. En el caso de Aragón, esa asignación rondaría los dos millones.
Desde Soria ¡YA! la reacción no se ha hecho esperar, calificando la propuesta ministerial de “despropósito” y señalando que carece de concreción y es claramente insuficiente. La agrupación recuerda que hasta 33 paradas de autobús podrían desaparecer en la provincia de Soria si se aplica el nuevo mapa sin garantías, entre ellas la de Arcos de Jalón. Esta plataforma ciudadana recuerda además que en septiembre de 2024 las Cortes de Castilla y León aprobaron una moción suya para evitar precisamente este tipo de situaciones.
En un comunicado posterior, Soria ¡YA! ha planteado preguntas clave: "¿Quién garantiza el transporte entre Arcos de Jalón y Calatayud? ¿O a Sigüenza? ¿Y si la Junta y el Gobierno de Aragón no se entienden? ¿Se cambia de autobús en mitad del campo?". Critican también que se ofrezcan más de 40 millones de euros a las comunidades "sin aclarar si son anuales, suficientes o cómo se repartirán", y temen que si estas no los asumen, se suprima directamente el servicio. Denuncian que se prioricen corredores rápidos y largas distancias sin definir si rutas como Arcos–Zaragoza o Arcos–Madrid están cubiertas, y concluyen que el nuevo mapa “llama ‘optimización’ a dejar sin servicio a cientos de paradas de nuestros pueblos”.
En una respuesta oficial, el Gobierno de Aragón ha mostrado su rechazo al planteamiento del Ministerio. Considera que los fondos prometidos no bastan para cubrir el coste de asumir las paradas que desaparecerían del mapa nacional y critica que primero se repartan las cantidades y después se calculen los costes reales.
Desde la Dirección General de Transportes del Ejecutivo aragonés también se advierte que la supresión de estas paradas, aunque se intente suplir con rutas autonómicas, empeorará la calidad del servicio al multiplicar los trasbordos y dificultar los desplazamientos entre pueblos vecinos de distintas comunidades. A juicio del Gobierno autonómico, se trata de un planteamiento que perjudica especialmente a las zonas rurales y que agrava la pérdida de servicios en los territorios más despoblados.
El conflicto sigue centrado en una cuestión de competencias: el Gobierno central defiende que el transporte regional debe ser gestionado por las comunidades, mientras que estas se niegan a asumir rutas interterritoriales con presupuesto insuficiente. El resultado es un pulso administrativo con consecuencias directas para zonas como el Alto Jalón, donde la movilidad por carretera es vital ante la falta de alternativas.
La nueva postura del Ministerio supone un alivio momentáneo, pero no resuelve el problema de fondo. Para los municipios afectados, el mantenimiento de la parada de Arcos es solo una pieza más dentro de una batalla mayor por evitar que el nuevo mapa concesional deje aún más aislado al medio rural.
En su defensa del actual modelo territorial, el Ministerio sostiene que la reforma busca hacer más eficiente el sistema, aumentando la ocupación de los autobuses en un 40 % y reduciendo las emisiones en un 25 %. Pero para alcaldes, vecinos y plataformas rurales, el precio de esa eficiencia podría ser la pérdida de su única conexión viable con las grandes ciudades.
JALON
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