ARAGÓN Y CASTILLA Y LEÓN PONEN EL GRITO EN EL CIELO POR UN NUEVO MAPA DE TRANSPORTE POR CARRETERA QUE PODRÍA ACABAR CON LA PARADA DE ARCOS DE JALÓN

Los gobiernos autonómicos de Castilla y León y Aragón han mostrado su rechazo frontal al borrador del nuevo Mapa Estatal de Transporte de Viajeros por Carretera que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible pretende impulsar y que podría suponer la supresión de numerosas paradas en pequeños municipios entre ellas en el Alto Jalón, la de Arcos de Jalón.

El descontento se escenificó en la última reunión de directores generales de Transportes, en la que el Gobierno central se vio obligado a retirar del orden del día el debate sobre el nuevo mapa ante el rechazo de once comunidades autónomas. Desde la Junta de Castilla y León, la directora general de Transportes y Logística, Laura Paredes, denunció que el punto se había anunciado de forma previa en una nota de prensa del Ministerio, pero no se abordó finalmente, y exigió que el documento, datado de 2022, se lleve a la Conferencia Sectorial de Transportes, el órgano con mayor representatividad institucional.

Paredes criticó que el nuevo mapa supondría “un ataque al medio rural” al contemplar la supresión de 474 paradas en 346 municipios de Castilla y León, afectando a servicios básicos que garantizan la movilidad de la población en zonas despobladas. “Es una reorganización que optimiza rutas a costa de suprimir paradas”, denunció, al tiempo que lo comparó con la estrategia seguida en el transporte ferroviario, “con eliminación de paradas para ganar tiempo entre grandes ciudades”.

El planteamiento del Ministerio incluye una compensación económica de 40 millones de euros para las comunidades autónomas que asuman los trayectos afectados. Sin embargo, la Junta considera esta cantidad “claramente insuficiente”, ya que solo Castilla y León necesitaría 25 millones. Además, advierte de que esa financiación tendría carácter transitorio y “sin vocación de continuidad”.

Desde Aragón, la Dirección General de Transportes también ha hecho público su malestar en un comunicado en el que expresa que los 2 millones asignados a esta comunidad en el reparto previsto “no serían suficientes para asumir todas las conexiones que se perderían”. El Gobierno aragonés denuncia que el planteamiento económico “parte al revés”: en lugar de calcular primero el coste real del servicio y después asignar la dotación, se han fijado primero las cantidades sin evaluar el impacto.

Además, Aragón advierte de que la supresión de paradas, incluso si son cubiertas por rutas autonómicas, degradará la calidad del servicio, obligando a los usuarios a realizar más transbordos y dificultando el acceso al transporte público. El ejecutivo autonómico denuncia que esta reforma es una muestra de que “al Gobierno central le importa más bien poco la igualdad de los servicios del medio rural”.

El comunicado añade que la propuesta no solo es perjudicial desde el punto de vista económico, sino que también representa “una pérdida de conectividad y un recorte de servicios públicos en las zonas y poblaciones que más los necesitan”, especialmente grave en municipios rurales limítrofes entre comunidades autónomas que podrían quedarse aislados.

La polémica cobra especial relevancia en municipios como Arcos de Jalón, donde la parada de autobús estatal está amenazada por el nuevo mapa concesional. Se trata de una localidad estratégica del Alto Jalón, cruce de comunicaciones y con estación de tren, que vería reducido su acceso al transporte público interurbano si se suprime esta conexión. Desde formaciones como Soria ¡YA! la reacción no se ha hecho esperar, calificando la propuesta ministerial de “despropósito” y señalando que carece de concreción y es claramente insuficiente. 

La agrupación denuncia que hasta 33 paradas de autobús podrían desaparecer en la provincia de Soria si se aplica el nuevo mapa sin garantías, entre ellas la de Arcos de Jalón. Esta plataforma ciudadana recuerda además que en septiembre de 2024 las Cortes de Castilla y León aprobaron una moción suya para evitar precisamente este tipo de situaciones. Critican también que se ofrezcan más de 40 millones de euros a las comunidades "sin aclarar si son anuales, suficientes o cómo se repartirán", y temen que si estas no los asumen, se suprima directamente el servicio. Denuncian que se prioricen corredores rápidos y largas distancias sin definir si rutas como Arcos–Zaragoza o Arcos–Madrid están cubiertas, y concluyen que el nuevo mapa “llama ‘optimización’ a dejar sin servicio a cientos de paradas de nuestros pueblos”.

Tanto Castilla y León como Aragón han coincidido en reclamar una revisión integral del mapa concesional estatal, con criterios claros de cohesión territorial y financiación suficiente, y que sea debatido de forma multilateral en la Conferencia Sectorial de Transportes. Mientras tanto, advierten, el riesgo de desconexión del mundo rural sigue creciendo.