LA CONCENTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PERJUDICADOS EVIDENCIA LA PÉRDIDA DE APOYOS DE JOSÉ GRACIA (PP) ENTRE EL VECINDARIO DE MONTERDE

La localidad de Monterde vivió en la tarde de ayer, domingo 3 de agosto, una nueva concentración convocada por la Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde, en la que vecinos y afectadas se reunieron para conocer de primera mano los avances del proceso judicial y exponer públicamente su versión sobre el controvertido procedimiento de inmatriculaciones que ha convertido en propiedad municipal más de 200 fincas entre casas, campos y bodegas.

Durante el encuentro, los portavoces de la asociación explicaron cómo ha evolucionado una situación que comenzó destapándose el caso con la gestión de la herencia de una vecina fallecida, Marcelina, y que ha terminado arrojando luz a lo que consideran un mecanismo sistemático e irregular de apropiación de propiedades privadas por parte del Ayuntamiento, liderado por el alcalde José Gracia (PP). Un proceso que, aseguran, ha estado plagado de opacidad, carencias jurídicas y graves consecuencias personales y económicas para las familias afectadas, muchas de ellas de edad avanzada.

Entre los asistentes se encontraban algunos vecinos simpatizantes del alcalde, que optaron por guardar silencio durante la charla, sin realizar preguntas, pero cuya presencia ya significa un paso adelante en conseguir que el pueblo conozca la realidad de la gestión municipal en Monterde. Desde la organización se interpreta este hecho como una señal de cambio: "Ya escuchan. Empiezan a ver que la situación es confusa, que las explicaciones del alcalde no se sostienen y que no hay transparencia", apuntan desde la asociación. 

La creciente incomodidad también parece haberse trasladado al propio seno del equipo de gobierno, donde el concejal popular José Colás se ha desmarcado progresivamente de las actuaciones del alcalde, mientras los ediles Antonio Blancas y Sergio Pascual siguen por ahora alineados y en completa complicidad con Gracia.

El portavoz de la asociación, Arturo Pardos, explicó que tras meses de movilizaciones y comparecencias tanto en las Cortes de Aragón como en el Congreso de los Diputados, el asunto llegará finalmente a los tribunales en septiembre, cuando comenzarán los juicios civiles. "El Ayuntamiento no tiene papeles, pero los propietarios sí", insistió Pardos, quien subrayó que la única vía para reparar el daño causado será la judicial, aunque lamentó que el coste emocional para muchas personas mayores sea ya irreparable.

En su intervención,  los inmatriculados detallaron ayer las irregularidades legales que, según la asociación, han rodeado el procedimiento. Entre ellas, la ausencia de un estudio previo, la falta de informes técnicos y jurídicos obligatorios, la omisión del debate en pleno, la ausencia de información pública y alegaciones, y la incorrecta calificación de parcelas que no forman parte del monte como si lo fueran. Todo ello, añadió, incumple de forma clara el artículo 47 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

“Se ha utilizado una forma muy curiosa y extraña de saltarse la ley”, advirtió Pardos, quien consideró que este caso no solo atenta contra los derechos patrimoniales de los vecinos, sino que socava la confianza en las instituciones democráticas.

El Ayuntamiento, por su parte, ha negado en todo momento cualquier irregularidad. El alcalde José Gracia ha defendido que lo único que hizo fue “regularizar una documentación antigua” existente en el Consistorio, sin necesidad de pasar por pleno ni realizar trámites adicionales, al tratarse de “papeles de toda la vida”. Aunque asegura disponer de documentación que justifica la titularidad municipal, hasta la fecha no ha hecho pública esa documentación ni ha aclarado por qué no se siguieron los procedimientos legales exigidos.

Gracia ha reiterado que no quiere despojar a nadie de sus propiedades, sino que busca que las ocupaciones de espacios municipales estén regularizadas, con el pago de un canon y la correspondiente notificación de cualquier reforma al Ayuntamiento. Sin embargo, las afectadas y afectados temen que estas condiciones supongan en la práctica la pérdida de sus viviendas y tierras.

La figura del alcalde ha estado en el centro de varias polémicas durante su mandato. Además de las inmatriculaciones, está siendo investigado por un presunto fraude electoral vinculado a empadronamientos irregulares, y fue señalado por la adjudicación directa de un contrato de 14.990 euros a su abogado personal, evitando el límite legal que obliga a sacarlo a concurso público.

Durante el último pleno, el alcalde también fue acusado de ejercer un uso autoritario del reglamento, al impedir que el concejal José Colás —de su propio grupo municipal— formulara preguntas sobre las inmatriculaciones y otras cuestiones relacionadas con licencias de obras. Una escena que refleja la creciente fractura interna dentro del equipo de gobierno.

La Asociación de Perjudicados por el Alcalde del Ayuntamiento de Monterde seguirá celebrando encuentros informativos con el vecindario mientras avanza el proceso judicial. “No queremos venganza ni enfrentamiento, solo justicia y la devolución de lo que es nuestro”, afirman. La batalla continúa, pero ya no es en silencio.