UN AÑO DEL CIERRE DEL CENTRO DE MENORES DE ATECA POR TORTURAS Y ABUSOS: LA INSTRUCCIÓN JUDICIAL SE PRORROGA POR LA COMPLEJIDAD DEL CASO

Hace justo un año, en pleno verano de 2024, salía a la luz una de las causas más graves que han salpicado al sistema de protección de menores en Aragón. Se trata del caso del centro de acogida de menores de Ateca, cuyo cierre decretó el 2 de agosto de 2024 la jueza Aída Ramírez tras recibir dos atestados de la Guardia Civil que denunciaban torturas, agresiones físicas, tratos denigrantes y abusos sexuales por parte de varios trabajadores a adolescentes tutelados.

Un año después, el caso sigue creciendo. Ramírez ha sido trasladada a Tudela y la actual titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud –ahora Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Calatayud– ha acordado el pasado 30 de junio una prórroga de seis meses de la instrucción ante la magnitud del procedimiento, que ya acumula más de 2.000 actuaciones judiciales desde sus inicios.

La denuncia que destapó el escándalo llegó el 22 de mayo de 2024 a la Guardia Civil de Ateca, interpuesta por una menor. Apenas unas semanas después, otras denuncias comenzaron a sumarse hasta superar la veintena. El 2 de agosto, el centro –gestionado por el Grupo Lagunduz y la Fundación Salud y Comunidad bajo convenio con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS)– fue clausurado por orden judicial.

Durante las primeras diligencias fueron detenidos cinco trabajadores, entre ellos el director del centro, Iván R. M., y cuatro auxiliares: Youssef E. B. C., Mohamed E. B. C., Alexandru R. A. y Abdeliah A.. Todos fueron enviados a prisión provisional por delitos de tortura, contra la integridad moral, lesiones, agresión sexual y pertenencia a organización criminal. Sin embargo, cuatro de ellos se encuentran actualmente en libertad provisional, después de que la Audiencia Provincial de Zaragoza revocara su ingreso en prisión.

Únicamente uno de los detenidos, Mohamed E. B., permanece en prisión. El auto judicial más reciente subraya que todavía está pendiente el volcado de su teléfono móvil, clave para avanzar en las diligencias. Sí se han recibido, en cambio, los análisis de otros dispositivos y de grabaciones en las que, según consta en un informe de la Guardia Civil, se escucha a un menor “gritar de dolor por la maniobra que se le está practicando, llegando incluso a temer por la fractura de un hueso”.

Además de los cinco primeros detenidos, hay al menos cinco personas más investigadas: tres con pasado en el centro, su anterior supervisor, Miguel Ángel V. P., y un extrabajador, Salah Eddine E. T. K., que fue el primer encartado tras la denuncia de la menor.

El volumen y complejidad del caso han llevado al juzgado a plantear incluso una posible segunda prórroga de instrucción, ante la previsión de que puedan surgir nuevas diligencias. La jueza ya ha señalado que aún quedan testigos y trabajadores por interrogar, así como pruebas documentales por analizar.

Cuando finalice la fase de instrucción, el tribunal valorará si procede abrir juicio oral contra los investigados. En ese momento, se dará paso a los escritos de acusación y defensa de las partes, entre los que figuran abogados como Marco Antonio Navarro, Juan Manuel Martín Calvente y Gregorio Entrena.

Mientras tanto, el caso continúa avanzando sin focos ni titulares, pero con un impacto profundo en las víctimas y en el sistema de protección de menores. Las familias y los abogados de los adolescentes afectados reclaman justicia y reparación para los menores, muchos de los cuales siguen marcados por las secuelas psicológicas de su paso por el centro de Ateca.