LA JUEZA CITA A DECLARAR AL GOBIERNO DE ARAGÓN COMO RESPONSABLE CIVIL SUBSIDIARIO DEL INCENDIO DE ATECA Y BUBIERCA

El Gobierno de Aragón ha sido llamado a declarar como responsable civil subsidiario en la instrucción del Juicio por el incendio de Ateca y Bubierca del pasado 18 de julio. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Calatayud, Aida Ramírez, ha considerado al Gobierno regional como posible "responsable civil subsidiario" en la causa abierta por los daños de un fuego que arrasó 14.000 hectáreas de monte y cultivos en el Alto Jalón, afectando a once localidades y dejando algunas, como Moros, con casi el 100% de su término municipal calcinado. 

Al mismo tiempo, la jueza mantiene la condición de perjudicado al Gobierno de Aragón en un auto contra el que cabe recurso, algo que desde la DGA ya han avanzado que van a emprender, señalando que se trata de una estrategia de Land Life, empresa responsable de los trabajos que causaron el incendio, para eludir su responsabilidad.

En una primera fase de declaraciones, por el banquillo de Calatayud han pasado responsables y trabajadores presentes en el incendio, tanto por parte de la contrata de Ejea de los Caballeros, Campos Rey, que ejecutaba los trabajos de ahoyado; así como por parte de Land Life, multinacional holandesa responsable del proyecto de reforestación. En esta ronda de interrogatorios, también fue llamado el propietario de los terrenos en los que se originó el incendio y donde, un mes antes, se provocó otro por las mismas causas. 

En su testimonio, el propietario aseguró que Land Life sí que tenía potestad para decidir si debían o no pararse los trabajos que estaba realizando Campos Rey, algo que Land Life había negado en su turno de declaración. Además, añadió que la contrata de Ejea de los Caballeros, llegado el momento previo al incendio, quiso parar los trabajos, a lo que Land Life se negó según aseguró el propietario en su declaración.

Una vez escuchadas todas los declaraciones y tras recibir la petición de la defensa de Campos Rey de considerar al Gobierno de Aragón como responsable civil subsidiario - una solicitud a la que se sumaron tanto los abogados de los propietarios, como la acusación particular - la jueza ha decidido llamar a declarar como responsable al Gobierno regional, tras considerar que no adoptó "medidas de prevención efectivas", y argumentando en su auto, fechado el 18 de enero, que la DGA se limitó a enviar un correo electrónico a Land Life, dos días despúes del primer incendio, con recomendaciones a seguir en la ejecución de los trabajos forestales, algo tras lo que según señala la jueza "en ningún momento posterior a dicha fecha se efectuó nueva comunicación o envío de recomendaciones, controles o la adopción de cualquier otra medida preventiva o de supervisión".

La magistrada incluye pues el incendio que se originó un mes antes en el mismo lugar y por las mismas causas, como argumento para soportar la responsabilidad del Gobierno de Aragón, aludiendo a que la experiencia previa debió alertar de un peligro del que también avisaba el nivel de riesgo y la probabilidad de ignición existente esos días en la zona. Todos ellos, aspectos ante los que el Gobierno de Aragón actuó, según la magistrada, de forma "insuficiente". 

En su auto, Ramírez destaca también que "debe tenerse en cuenta que otras comunidades autónomas próximas a Aragón, como Castilla La-Mancha o La Rioja, adoptaron directamente medidas de prohibición de ejecución de trabajos forestales en esas fechas", todas ellas "acciones directas de prevención y control, propias de su función como Administración Pública y garante del bienestar forestal y de la población, de conformidad con la normativa estatal y autonómica aplicable, a diferencia de la DGA, que no adoptó prohibición alguna", indica la jueza.

La causa todavía está en fase de instrucción y el Gobierno de Aragón presentará alegaciones a esta decisión antes de ser llamado definitivamente a declarar como responsable civil subsidiario. Mientras tanto, la jueza ha ordenado caución a las aseguradoras de los investigados ante posibles indemnizaciones que debieran ejecutarse tras la sentencia.