El Consejo de Ministros ha aprobado interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de derogación del Gobierno de Aragón, que fue aprobada el 15 de febrero. Esta medida se presenta después de una serie de intentos fallidos de diálogo entre ambos gobiernos.
El 2 de abril, el Gobierno de España anunció la apertura del diálogo a través del mecanismo del artículo 33.2 de la Constitución. Sin embargo, el 16 de mayo, el Gobierno de Aragón comunicó su rechazo a esta invitación para intentar llegar a un acuerdo.
El recurso, avalado por el Consejo de Estado, se fundamenta en varios puntos clave. En primer lugar, el Derecho Internacional Público reconoce el deber de memoria y obliga al Reino de España, una obligación que, según el recurso, se cumple a través de la Ley de Memoria Democrática. Además, se argumenta que la ley de derogación del Gobierno de Aragón incumple el principio del deber de colaboración con el Estado, tal como se establece en el artículo 149, apartados 1.1 y 1.3 de la Constitución. Este incumplimiento se manifiesta en varios aspectos, como la retirada de placas de los campos de concentración, la eliminación de la señalización de lugares de memoria, la eliminación del sistema educativo de la reparación de las víctimas y el conocimiento de su vulneración durante la dictadura, la eliminación del mapa de fosas y la dificultad en la información a las asociaciones memorialistas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro Ángel Víctor Torres declaró: "El Gobierno de España ha querido hablar, ha querido sentarse y negociar con el Gobierno de Aragón y el Gobierno de Aragón ha sido el que ha dicho no. El Gobierno de PP y Vox en Aragón no sólo dice no al Gobierno de España sino que también dice no a la ONU, al informe de los relatores, al Derecho Internacional y a la Preservación de los Derechos Humanos." Torres añadió que "por defender el deber de memoria de reparación de las víctimas, la no repetición, la verdad, para impedir que nadie reescriba la historia intentando blanquear la dictadura franquista, recurrimos a la Constitución, esa misma Constitución que algunos dicen defender pero luego olvidan aplicar."
Este recurso ante el Tribunal Constitucional refleja la tensión entre ambos gobiernos y subraya la importancia del cumplimiento de las obligaciones internacionales y constitucionales en materia de memoria histórica y derechos humanos.
JALON
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