EL GOBIERNO DE ARAGÓN CREARÁ REGISTRO DE TRABAJADORES DE LOS CENTROS DE MENORES PARA VIGILAR SU FORMACIÓN

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, se ha reunido con los gerentes de las entidades sociales que gestionan los centros de menores concertados en Aragón, así como con los directores de estos espacios, para poner en común la situación generada en los últimos días tras el escándalo generado por las denuncias en el Centro de Menores de Ateca. Entre las principales conclusiones iniciales, la necesidad de garantizar la correcta formación de los empleados de estos centros, algo en lo que el Gobierno de Aragón se ha puesto a trabajar de inmediato con la Creación de un Registro de Trabajadores de los centros de menores.

El caso del CAM de Ateca, por el que están imputados y encarcelados cinco empleados del centro, entre ellos el director, ha puesto el foco en el trabajo que se hacen en estos espacios concertados por el Gobierno de Aragón. Desde el Ejecutivo aragonés se ha abierto un expediente disciplinario a la funcionaria responsable del servicio provincial de tutelas y protección a la infancia, y se ha rescindido el contrato a la UTE formada por la Fundación Salud y Comunidad  y el Grupo Lagunduz, que gestionaba el CAM de Ateca. La DGA ha interpuesto también una reclamación administrativa por daños y perjuicios ante los gestores del CAM de Ateca por el incumplimiento del contrato. 

Una vez tomadas estas primeras medidas y abierta la investigación interna, desde la cosejería aragonesa se pretende poner en valor iniciativas de mejora y de control de protección a la infancia, creando mecanismos para que casos como el del CAM de Ateca puedan prevenirse. Susín, que ha reiterado que el sistema funciona, considera que es necesario salvaguardar el trabajo de los funcionarios y de las entidades sociales, aunque hay que poner en marcha la batería de medidas que ya anunció la pasada semana como el protocolo de malas prácticas o el registro de trabajadores.

Entre los principales hechos que se han denunciado, tanto por parte de los menores y sus familias, como por parte del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Aragón, ha sido la ausencia de formación por parte de algunos de los empleados imputados. Un "intrusismo laboral" que desde el colegio de educadores es uno de los principales males endémicos del sector de la atención de menores. Para intentar solucionarlo, en las próximas horas la consejera firmará la Orden de inicio de Creación del Registro de Trabajadores de los centros de menores para que quede constancia de la capacitación técnica y profesional de todos los empleados de estos espacios garantizando su profesionalidad. Hasta ahora era suficiente la presentación de una Declaración Responsable de que todo el personal cumplía con la formación necesaria para desarrollar su labor.

Desde la consejería también se ha asegurado que se van a revisar todos los contratos realizados y se va a establecer un plan de visitas permanente a los centros para garantizar el buen funcionamiento de estos espacios. Además, y de manera paralela, se mantiene abierta la investigación interna cuyas conclusiones serán puestas a disposición de la autoridad judicial. La investigación del Gobierno de Aragón tratará de dilucidar "si alguien miró para otro lado" en el caso del CAM de Ateca, de donde también se buscarán denuncias previas como la que recordaba hace unos días CGT, de 2019, cuando denunciaron sobre el centro atecano la presencia de personal no formado, así como deficiencias en la alimentación, medicación o vestimenta de los menores. Desde el departamento que dirige Susín se buscarán también deficiencias en la cadena de mando, en la transmisión de la información "o cualquier otro tipo de hecho que pudiera acarrear una responsabilidad".