LA JUEZA TOMA DECLARACIÓN A DOS TESTIGOS CLAVE EN EL CASO DEL CENTRO DE MENORES DE ATECA

La instrucción del Centro de Atención de Menores de Ateca vive este jueves en el juzgado mixto nº2 de Calatayud un momento importante, con las declaraciones como testigos del gerente y de la antigua coordinadora del centro. El juzgado vuelve a la actividad esta semana y la fase de instrucción sigue adelante mientras los empleados Abdelilah A., Mohamed B., Youssef B. y Alexandru R. A. y el director del centro, Iván R.M., continúan en prisión. La jueza tiene en su poder un vídeo extraído del móvil de uno de los acusados que probaría el relato de las brutales torturas. El abogado defensor pedirá la anulación de la prueba al considerar que la investigación ha sobrepasado los derechos constitucionales de sus clientes.

El caso saltó con la denuncia de dos usuarios del centro, un menor de 16 años y una menor de 17, cuyos relatos provocaron el horror en la opinión pública, denunciando torturas como quemaduras de cigarros, vejaciones, golpes e incluso violaciones. Incluso la joven denunciante mantuvo en su declaración que fue obligada por Mohamed B. a mantener relaciones sexuales con otro interno. Añadió que este auxiliar incitaba a unos menores a cometer abusos en grupo contra otros y que Abdelilah A. le quemó los brazos con cigarrillos, la golpeó y le dirigió comentarios obscenos en referencia a ella y a su madre.

En cuanto a la denuncia del menor de 16 años, el primero en denunciar tras escaparse del centro supuestamente después de soportar los malos tratos, en su declaración ante la Guardia Civil había explicado que se había dado cuenta de que lo habían grabado mientras le infligían los malos tratos. En una ocasión se llegó incluso a defecar encima tras horas de castigo dentro de una habitación en la que los monitores cerraban la puerta y echaban la cortina para llevar a cabo sus tropelías. En busca de estos materiales, la Guardia Civil requisó los cuatro teléfonos móviles de los empleados detenidos y en uno de ellos se habría encontrado el vídeo probatorio de las denuncias por torturas, vejaciones y agresiones sexuales presentadas por los dos menores que destaparon el caso.

El relato que realiza El Heraldo de lo que se podría ver en el vídeo es escalofriante. Un documento que ha llegado a algunos medios a pesar de las advertencias de la jueza sobre las posibles filtraciones en un caso en el que se trata de proteger a los menores. Según relata el diario aragonés en su información de ayer, en los materiales audiovisuales se escucha con claridad a uno de los cuatro trabajadores, además del director, investigados y en prisión preventiva, agrediendo física y verbalmente a uno de los menores. Detallan incluso que "la grabación capta al chico inmovilizado en el suelo, tumbado bocabajo, con las manos a la espalda y el adulto sobre él presionando sus brazos con una de sus rodillas mientras empieza el castigo". El relato continúa explicando la manera en la que el trabajador del centro hace repetir en varias ocasiones al menor inmovilizado que es "una perra" mientras le golpea en diferentes ocasiones la cabeza y le retuerce el brazo. Durante el castigo, el monitor obliga al menor a definirse como "una puta".

José Manuel Martín Calvente, abogado de tres de los imputados, confirmó ayer este medio que pedirán la anulación del vídeo como prueba al haberse obtenido "mediante una intervención prospectiva". El letrado, que este jueves estará en Pasajeros al Tren (de 16h a 18h en Alto Jalón Radio), asegura que "no se ha respetado el cauce legal constitucional para garantizar los derechos de sus defendidos" y confía en la anulación del documento audiovisual como prueba, dejando el caso sustentado en los testimonios de las denuncias de los menores y en los de otros empleados del centro que actúan como testigos y que ratifican parte de las denuncias, como los dos que declararán esta mañana.

Por testimonios como esos, a los cuatro primeros investigados se les imputa, además de malos tratos y torturas, presuntos delitos contra la libertad e indemnidad sexual. En cuanto al director del centro, Iván R.M., este ocupó ese cargo desde enero de 2024 y se le considera cooperador necesario en los delitos de torturas, lesiones, pertenencia a grupo criminal y contra la integridad moral por los hechos denunciados durante el periodo que estuvo al frente de la entidad.  Además, se le acusa de intentar obligar a otro empleado, el enfermero del centro, a falsificar un parte de lesiones provocadas por estos malos tratos a una de las menores denunciantes. Para ello, fue clave el informe presentado por la coordinadora y la confirmación con el testimonio del enfermero implicado.

A estas se sumaron nueve más de otros tantos usuarios del centro y, en este mes de agosto, se han añadido otros seis casos de chicos y chicas que en los dos o tres últimos años estuvieron ingresados en estas instalaciones gestionadas por la Fundación Salud y Comunidad y el Grupo Lagunduz, por lo que serían ya 17 los testimonios de menores que supuestamente sufrieron los abusos. Las instalaciones gestionadas por la Fundación Salud y Comunidad y el Grupo Lagunduz en Ateca permanecen cerradas desde pocos días después de que saltase la noticia, y una vez que el Gobierno de Aragón rescindiese el concierto de 1,2 millones de euros al año que tenía con la Unión de Empresas Temporal que conformaban ambas entidades para gestionar el centro. 

Los empleados del centro, algunos de ellos testigos que ayudaron a esclarecer los hechos, fueron despedidos ayer mediante un E.R.E. por causa de fuerza mayor, y este mismo miércoles se han reunido con la empresa para finiquitar su relación laboral. Algunos de ellos están teniendo dificultad a la hora de encontrar un nuevo empleo debido a la mancha que está suponiendo en su currículo haber estado trabajando en el Centro de Menores de Ateca, ahora en la picota. Desde el Gobierno de Aragón podrían subrogar la contratación de algunos de ellos al nuevo centro que se está abriendo en Zaragoza para atender las necesidades de los 15 menores que estaban ingresados en Ateca en el momento del cierre cautelar del centro. Ahora mismo, estos 15 menores permanecen repartidos por otros centros a la espera de que sean trasladados de nuevo ya de forma definitiva.