GOBIERNO DE ARAGÓN Y EL EJECUTIVO CENTRAL CONVIERTEN EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN UN ARMA ARROJADIZA "IDEOLÓGICA"

El anuncio del Ministerio de Vivienda sobre una nueva línea de ayudas de 35 millones de euros para las comunidades autónomas que apliquen la Ley estatal de Vivienda ha reavivado el enfrentamiento entre el Gobierno de España y el Ejecutivo aragonés. Esta partida está destinada exclusivamente a las regiones que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado, una figura contemplada en la ley para frenar la subida de los alquileres en los municipios con más presión habitacional.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha criticado que la comunidad autónoma aragonesa haya decidido no aplicar esta normativa estatal, lo que impide que pueda beneficiarse de estas ayudas. Según Beltrán, “la Ley de Vivienda se aplica o no se aplica, y el Gobierno de Aragón ha preferido que suban los precios del alquiler a ayudar a la gente”. Reprocha que por motivos ideológicos, el Ejecutivo autonómico haya optado por no declarar zonas tensionadas, privando así a los ciudadanos de herramientas para reducir los precios y acceder a bonificaciones fiscales.

“La ley permite bajar los precios de alquiler hasta un 5 % y ofrece deducciones de hasta el 90 % a los propietarios. Está dando resultados en comunidades como Cataluña, donde los precios han bajado en las zonas tensionadas”, defendió Beltrán. Añadió que la negativa de Aragón perjudica especialmente a los jóvenes y trabajadores de municipios turísticos o en expansión.

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha respondido rechazando frontalmente las críticas y calificando de “castigo absurdo” que se premie solo a las comunidades que aplican una ley que definen como “ineficaz y de claro sesgo ideológico”. Consideran en el ejecutivo de Azcón que discriminar a las regiones que no han declarado zonas tensionadas es “difícil de explicar” cuando, subrayan, la ley no obliga a hacerlo.

En su comunicado, el Ejecutivo autonómico denuncia además el escaso impacto económico que tendrían esas ayudas: de los 35 millones, apenas un millón correspondería a Aragón, en función de su población. “Esa cantidad contrasta con los 65 millones del programa ‘Más Vivienda, Mejor Turismo’, destinado a municipios turísticos donde la presión sobre la vivienda habitual es alta”, señalan.

Así, mientras el Gobierno central insiste en que declarar zonas tensionadas es una herramienta útil y voluntaria para abaratar el acceso a la vivienda, el Ejecutivo aragonés mantiene su rechazo a aplicar la Ley de Vivienda, reafirmando su oposición tanto al contenido como al enfoque de la norma. Ambos utilizan como un arma arrojadiza ideológica un problema como es el de la vivienda, un derecho constitucional que copa todas las estadísticas como una de las principales preocupaciones de los españoles y que precisa de una solución urgente para garantizar el futuro de nuestros jóvenes, tanto en el mundo urbano, como en el mundo rural.