ARAGÓN NO ASISTIRÁ HOY A LA CONFERENCIA SECTORAL SOBRE MENORES NO ACOMPAÑADOS DENUNCIANDO UN REPARTO "IMPUESTO Y ARBITRARIO"

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha rechazado participar en la Conferencia Sectorial convocada por el Gobierno de España para abordar el reparto de menores no acompañados entre comunidades autónomas. En un comunicado difundido por su departamento, la responsable del Ejecutivo autonómico ha denunciado que el encuentro supone “un intento de imposición” por parte del Gobierno central, y acusa al presidente Pedro Sánchez de utilizar a los menores “como escudo político” y de buscar únicamente “resolver sus urgencias parlamentarias”.

Desde el Gobierno de Aragón consideran que la convocatoria ignora la voluntad de las comunidades autónomas, ya que —según afirman— el orden del día fue rechazado por mayoría en la Comisión Sectorial previa, como establecen las normas de funcionamiento de estos órganos. “Nos negamos a convertir a los menores en objetos de intercambio político. Son personas a proteger, no paquetes a repartir”, subraya el comunicado.

La consejera también ha advertido del riesgo de colapso de los servicios autonómicos de protección de menores si se materializa un reparto forzoso sin financiación, planificación ni garantías. En Aragón, afirman, el sistema ya funciona “al límite de su capacidad” y la llegada de nuevos menores en estas condiciones obligaría a abrir macrocentros “que imposibilitan una atención personalizada e integradora”.

La ausencia de Carmen Susín en la reunión es una decisión política en línea con otros gobiernos autonómicos del Partido Popular, que han mostrado su rechazo frontal al Real Decreto-Ley 2/2025 aprobado en marzo y que regula el reparto de menores. Según el Ejecutivo aragonés, esta norma invade competencias autonómicas y ha sido ya recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Además, la consejera ha denunciado lo que considera un trato desigual entre territorios, acusando al Gobierno de aplicar “criterios arbitrarios” con el único objetivo de excluir del reparto a Cataluña y País Vasco, sus principales aliados parlamentarios. “La doble vara de medir del Gobierno es insostenible: se niega a acoger a los solicitantes de protección internacional que le exige el Supremo, pero exige a las comunidades asumir repartos forzosos sin medios”, concluye el texto.

El Gobierno de Aragón exige al Estado que asuma directamente la atención a los menores no acompañados en situaciones de emergencia y que respete las competencias autonómicas, tal y como se recoge en el acuerdo firmado en septiembre de 2024 y reiterado en la Declaración de Asturias. Mientras tanto, mantiene su posición de firme rechazo a lo que califica como un reparto unilateral y sin consenso.