PODEMOS CyL LLEVARÁ AL GOBIERNO DE MAÑUECO ANTE LA FISCALÍA POR SU "GESTIÓN TEMERARIA" DE LOS INCENDIOS

Podemos Castilla y León ha anunciado que presentará una denuncia ante la Fiscalía contra el Gobierno autonómico por lo que considera una “gestión temeraria” en materia de prevención y extinción de incendios forestales. La formación asegura que las decisiones del Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco han agravado los riesgos y han amplificado los devastadores efectos de los incendios que este verano han golpeado con fuerza a la Comunidad.

La denuncia, que se formalizará en los próximos días, pondrá en conocimiento de la Fiscalía lo que Podemos califica de “irregular entramado” en la privatización de servicios vinculados a la prevención y extinción, que —según apuntan— ha precarizado al sector y dificultado la eficacia de las actuaciones. También incluirá como hechos presuntamente delictivos el retraso consciente en la aprobación de instrumentos normativos esenciales y las omisiones en la gestión de la reciente crisis por la calidad del aire, derivada del humo de los incendios en Castilla y León, Galicia y Portugal.

La formación recuerda que ya en 2020 el Procurador del Común instó a la Junta a revisar el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (INFOCAL) para adaptarlo a la normativa estatal. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico tardó casi cinco años en dar cumplimiento al requerimiento, aprobando finalmente el Decreto 6/2025 el pasado mes de marzo. Para Podemos, esta demora ha provocado “nuevos retrasos en el desarrollo e implementación de medidas protectoras”, con consecuencias sobre el terreno.

“Vamos a ser contundentes ante las irregularidades en la gestión del Gobierno de Mañueco en materia de prevención y extinción de incendios”, ha declarado Miguel Ángel Llamas, coordinador autonómico de la formación morada, quien ha subrayado que los incendios de este verano han dejado “víctimas mortales, heridos y daños ambientales y culturales incalculables”.

Podemos CyL sostiene que la actuación de la Junta debe tener consecuencias y que la vía judicial es necesaria para depurar responsabilidades, al tiempo que reclama un cambio de modelo en la política forestal autonómica, basado en la prevención, la inversión en medios públicos y la adaptación urgente a los nuevos escenarios climáticos