LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN RESUELVE LA CONCESIÓN DE 27 AYUDAS PARA LUCHAR CONTRA LA POBREZA EN PAÍSES EN DESARROLLO

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La Consejería de la Presidencia, a través del Boletín Oficial de Castilla y León, acaba de publicar las ayudas en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo pertenecientes al año 2022. 


Por medio de estas líneas de trabajo se ejecutarán 19 proyectos de desarrollo por un importe total de 3.388.150 euros y 8 micro acciones en el exterior por un importe de 229.210 euros. En total se destinan 3.617.360 euros que beneficiarán a 196.226 personas, de las que 113.001 son mujeres, en 11 países empobrecidos de África, (Burkina Fasso, RD Congo, Guinea Bissao, Tanzania y Senegal) de América Latina (Bolivia, Nicaragua, Guatemala, el Salvador, Perú) e India. Los proyectos tienen una duración máxima de 24 meses y las micro acciones en el exterior se ejecutan en un máximo de 12 meses.


Tal y como ha manifestado el consejero, Jesús Julio Carnero, “lo que se pretende con estas intervenciones es mejorar las condiciones de vida y el desarrollo sostenible de las personas más vulnerables en países empobrecidos, mediante el cumplimiento de los estándares y dimensiones reconocidos internacionalmente en relación con el derecho humano a la alimentación, derecho humano al agua potable y saneamiento,  derecho humano a la educación, el derecho humano a la salud y el derecho humano a la vivienda adecuada y digna, porque desde la Junta de Castilla y León mantenemos el  compromiso en la lucha contra la pobreza, promoviendo el desarrollo y los derechos humanos en países empobrecidos”.


Aunque cada proyecto tiene una lógica de intervención propia y responde a un contexto local muy específico, se pueden encontrar ciertos patrones comunes en las intervenciones, que responden a las líneas estratégicas priorizadas para este año por la Junta de Castilla y León:


En primer lugar, los proyectos de carácter educativo, que se han concentrado en facilitar el acceso, disponibilidad, y calidad educativa de niños y adolescentes indígenas y/o de comunidades aisladas y altamente vulnerables. Y también en intervenciones dirigidas a ofrecer servicios complementarios para el acceso a la educación, tales como comedores, bibliotecas o sistemas de saneamiento. 


En segundo lugar, lo que se refiere al ámbito sanitario, las intervenciones se centran en la salud materno infantil, así como en las infraestructuras básicas de la red de Atención Primaria en países como Kenia o Tanzania o zonas aisladas de Bolivia.


En tercer lugar, todo lo referente a las intervenciones de agua y saneamiento, con tres líneas principales de trabajo: el fortalecimiento institucional de los sistemas públicos de abastecimiento de agua, la mejora del acceso al agua potable con la construcción de pozos o la instalación de sistemas de filtrado, y los programas integrales de gestión de agua con el saneamiento y el tratamiento de las aguas negras. En ese sentido se pueden destacar los proyectos en Bolivia y Guatemala.


En cuarto lugar, lo que se refiere al derecho a la alimentación, por un lado con los proyectos productivos de carácter agrario, como los que se van a desarrollar en Senegal, o las intervenciones para garantizar el derecho a una alimentación saludable en mujeres embarazadas, niñas y niños menores de cinco años en comunidades vulnerables andinas. Especialmente significativos son también los proyectos dirigidos a agrupaciones campesinas de mujeres para garantizar la seguridad alimentaria de forma sostenible.


En quinto lugar, las intervenciones referidas a garantizar el derecho a una vivienda digna, que según los estándares mínimos internacionales se han concentrado en India.

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