EL ABOGADO DE LOS DETENIDOS EN EL CAM DE ATECA PRESENTARÁ UN RECURSO PARA SACARLOS DE LA CÁRCEL ESTA MISMA SEMANA

El Centro de Atención de Menores de Ateca ha sido cerrado y los jóvenes que permanecían en estas instalaciones han sido reubicados. Cinco trabajadores del centro, incluyendo al director, y los cuatro trabajadores, que estaban empleados por la Fundación Salud y Comunidad del Grupo Lagunzu sin tener titulación ni cualificación, han pasado su primer fin de semana en la cárcel de Zuera (Zaragoza). Se les imputan delitos como torturas, vejaciones y agresión sexual a dos de los internos. El abogado de dos de los acusados ha declarado que sus clientes niegan los hechos y que presentará un recurso a principios de semana para solicitar su liberación.

La jueza de Calatayud ordenó el cierre provisional del centro hasta que se esclarezcan los hechos. El Gobierno de Aragón, que concierta una veintena de plazas en el centro, ya ha reubicado a los menores en otras instalaciones y se personará en la causa como perjudicado. La jueza a cargo del caso ha ordenado a la Guardia Civil localizar a nueve menores fugados del centro para que puedan declarar y determinar si también fueron víctimas de los abusos denunciados.

El pueblo altojalonero de Ateca, con alrededor de 1.700 habitantes, se encuentra conmocionado por el suceso. Cinco trabajadores del Centro de Atención a Menores han sido detenidos y acusados de delitos contra la integridad moral, lesiones, torturas, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal. Los arrestados, para quienes la jueza decretó prisión provisional sin fianza, son el director del centro, Iván R.M., y dos educadores y dos auxiliares: Mohamed B., Youssef B., Abdelilah A., y Alexandru R.A. Estos cuatro últimos están acusados de las agresiones sexuales.

Las denuncias fueron presentadas por las madres de un adolescente de 16 años y una menor de 17. El origen del caso está en la denuncia de la madre de una de las víctimas, un menor de 16 años. Las familias de los menores internos en el centro de Ateca no se podían ni imaginar las "barbaridades" que sufrían sus hijos por parte de sus monitores. Es la afirmación que hace la madre de una joven que denunció. Las investigaciones permitieron descubrir otra posible víctima, una joven de 17 años. 

Ambos menores testificaron ante la Guardia Civil sobre el maltrato y abusos sufridos, incluyendo quemaduras de cigarros, golpes, insultos sexuales y contenciones desproporcionadas. La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud decretó el ingreso en prisión de los arrestados basándose en las pruebas y los testimonios de los denunciantes, así como los de otros trabajadores del centro que corroboran los hechos.

Las familias de los dos menores señalan como responsable de lo ocurrido al Gobierno de Aragón, al que acusan de haber sido negligente, ya que ellos tenían la custodia de sus hijos. Del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, afirma la madre de la menor denunciante que no obtenía una respuesta de los moratones de su hija. Asegura que este organismo le decía que preguntaba al centro pero que de Ateca "nunca le decían nada". Los denunciantes estudian personarse en la causa contra el IASS. 

También la Chunta Aragonesista (CHA) ha pedido la comparecencia del Gerente de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón y transparencia en la gestión del caso, exigiendo medidas inmediatas para proteger a los menores y revisar los protocolos de actuación en centros similares con el objetivo de evitar que situaciones como esta se repitan.

Además, se sospecha que otros menores también fueron víctimas. La jueza ordenó el cierre provisional del centro concertado con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y solicitó a la Guardia Civil la localización de nueve menores fugados para averiguar si también fueron víctimas de abusos. El Gobierno de Aragón, que concierta una veintena de plazas, ya ha reubicado a los menores en otras instalaciones, incluidos a los de otras comunidades. Además, el Ejecutivo aragonés ya ha anunciado que se va a personar en la causa como perjudicado mientras son cada vez más fuertes las voces que culpan también a la Fundación Salud y Comunidad, del Grupo Lagunzu, gestora del CAM de Ateca, por no invertir lo necesario en la seguridad de los menores.

Juan Manuel Martín, conocido por haber defendido a Igor el Ruso, defiende al menos a dos de los imputados en el caso del CAM de Ateca y solicitará esta semana su puesta en libertad. Martín es también abogado defensor de los padres de la bebé muerta por ahogamiento en Ateca hace poco más de una semana, encarcelados de forma preventiva por la jueza ante los indicios de que pudiera tratarse no solo de un homicidio imprudente, sino de un asesinato doloso. Estos sucesos ha generado una profunda preocupación y condena en la comunidad, que lleva un 2024 para olvidar tras el suceso de la pasada primavera en el que murieron en un incendio un varón y su hijo de 14 años, además de la ya mencionada muerte de la bebé de 14 meses que sucedió hace poco más de una semana, y este nuevo caso de agresiones en el CAM.