EL SILENCIO TAMBIÉN INUNDA

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Rio argadir


En Embid de Ariza llevamos más de dos años luchando por algo tan elemental como que se limpie el cauce del río Argadir. No pedimos una autovía, ni un macroproyecto, ni una inversión millonaria. Solo pedimos que se cumpla con una obligación legal: mantener limpio un cauce fluvial que atraviesa el casco urbano y que, en un pueblo como el nuestro, con un barranco estacional adyacente, representa una amenaza real cuando llegan las lluvias torrenciales.


El río, a diferencia de lo que muchos creen o prefieren hacer creer, no está seco. Baja con más o menos normalidad, con caudales que varían según la estación, pero con crecidas que pueden ser muy peligrosas, especialmente en episodios súbitos, como ya ocurrió en 2015 o en aquella riada que se llevó el antiguo ayuntamiento a principios del siglo XX.


Desde octubre de 2023, hemos seguido todos los cauces administrativos imaginables: solicitudes por el registro electrónico del Gobierno de España, comunicaciones con la CHE, con el Ministerio para la Transición Ecológica, con TRAGSA, con el Justicia de Aragón, con el Defensor del Pueblo... Expedientes abiertos, cerrados, reabiertos. Cartas enviadas, respuestas esperadas, plazos agotados. Y aún seguimos esperando.


Todo esto, que lo sabemos bien, no es por falta de voluntad técnica ni jurídica. La CHE quiere actuar. TRAGSA está lista. Las instituciones recomiendan la limpieza. Pero todo se paraliza por la actitud del alcalde-presidente del Ayuntamiento, Joaquín Mariscal Horna, que se niega a permitir el acceso al cauce, obstaculizando sistemáticamente el cumplimiento de la ley.


No lo decimos nosotros solos. Lo dice el Justicia de Aragón, que ya le recordó su obligación de colaborar y lo ha incluido en su informe anual a las Cortes. Lo dice el propio Defensor del Pueblo, que nos anima a insistir porque ni siquiera les contesta. Y lo dicen también los informes que sitúan a Embid de Ariza entre los más de 370 núcleos de población aragoneses con riesgo de inundación fluvial.


Somos un pueblo con un cauce activo, en plena zona de llanura de inundación, entre barrancos y vaguadas. Un terreno fértil para la historia, pero también para la desgracia si no se cuida. Aragón tiene planes de emergencia, mapas de riesgo, apps de consulta… pero todo eso no sirve si quien tiene que colaborar simplemente no lo hace.


Lo más grave no es la maleza en el cauce. Lo más grave es que haya quien actúe como si esto fuera su finca privada. Que un alcalde pueda bloquear intervenciones urgentes y que, pese a la evidencia, ninguna administración tenga la capacidad (o la voluntad) de obligarlo. ¿De qué sirven entonces las leyes? ¿Qué garantía tenemos los pueblos si lo legal no se puede hacer cumplir?

En todo este tiempo hemos demostrado paciencia, respeto y constancia. Pero también sabemos que la paciencia no detiene riadas. Que los trámites no despejan cañaverales. Y que si un día hay que lamentar daños, no bastará con decir que “nadie lo sabía”. Porque lo sabían. Todos. Y, pese a eso, eligieron no actuar.


Hoy el Argadir baja tranquilo. Mañana puede no hacerlo. Y lo que de verdad nos inunda, mientras tanto, es el silencio institucional.


Javier Baena Luengo

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