El programa especial emitido este martes en Alto Jalón Radio ha puesto voz, por primera vez de forma pública y conjunta, a los dos colectivos más directamente implicados en la polémica del Toro de Fuego en Alhama de Aragón: los vecinos afectados por los daños en sus fachadas y el grupo de defensores del festejo. La conclusión fue unánime: ni hay dos bandos, ni existe conflicto entre ellos. Todos reclaman que el Ayuntamiento deje de inhibirse y asuma su responsabilidad, tanto para reparar los daños sufridos por una docena de viviendas durante las fiestas de 2024, como para garantizar la continuidad segura y regulada del tradicional toro de fuego.
El programa, conducido por Fran Álvarez y María Reinoso, reunió a Adrián Monje y Miguel Ángel Palacín, representantes de los 27 vecinos afectados, a Javi Arcos y Sergio Tolosa, miembros del grupo de vecinos que se ha formado y acreditado como manipuladores de carretón para organizar el festejo legalmente, y al abogado Antonio Díaz, del despacho Abogado Piqueras, que analizó las responsabilidades legales de la administración local. Pese a estar invitados, finalmente no participó nadie del Ayuntamiento.
En una muestra de consenso social, los vecinos de Alhama de Aragón afectados por los daños provocados por los correpiés durante las fiestas patronales y los defensores del tradicional toro de fuego han reclamado al Ayuntamiento una respuesta clara y responsable para garantizar tanto la reparación de las fachadas como la continuidad de la fiesta.
Ambos sectores coincidieron en denunciar la actitud del Ayuntamiento, al que acusan de haber intentado enfrentar a unos vecinos con otros para eludir su responsabilidad. Todos los participantes reclamaron que se atienda el problema de los daños materiales sin renunciar a mantener la tradición, y subrayaron que el conflicto ha sido provocado por la falta de soluciones por parte del consistorio.
Adrián Monje explicó que los daños provocados por el uso de correpiés en la Avenida Aragón, donde su vivienda quedó marcada por decenas de impactos, siguen sin repararse un año después. “El Ayuntamiento prometió en septiembre una solución, pero han ido dilatando la respuesta. Ahora nos dicen que denunciemos nosotros para que nos puedan pagar, pero es el Ayuntamiento quien organizó, permitió y no controló el festejo. No pueden lavarse las manos”, afirmó.
Su compañero Miguel Ángel Palacín añadió que nunca han estado en contra de la fiesta: “Lo que queremos es que se haga bien, con medidas de seguridad, y que si hay un daño se responda. Lo que no puede ser es que a los vecinos nos arruinen una fachada y nadie se haga cargo”.
Ambos denunciaron además que se ha intentado hacer ver que hay una fractura social cuando en realidad —como subrayaron durante el programa— existe plena sintonía con los vecinos que organizan el festejo: “Nosotros no estamos contra el toro de fuego. Estamos con ellos, queremos la fiesta, pero también queremos responsabilidad institucional”, recalcó Palacín.
Por parte de la plataforma de vecinos que manipulan el toro de fuego, Sergio Tolosa leyó un comunicado en el que denunciaban la inacción municipal. Subrayaron que, siendo conscientes de que el seguro habitual no cubre los daños, ofrecieron a tres corporaciones diferentes alternativas como la instalación de un mallazo especial, la contratación de un seguro específico de espectáculos pirotécnicos o un servicio de limpieza de fachadas tras las fiestas. Ninguna fue atendida por el Ayuntamiento.
Tolosa subrayó que el grupo de especialistas cuenta con las acreditaciones legales exigidas por el Decreto 134/2022, y recordó que algunos de los propios miembros del colectivo también han sufrido daños en sus casas. “Estamos en la misma postura que los afectados”, insistieron, señalando que lo que les une es el deseo de buscar soluciones.
También Javi Arcos insistió en que su intención es salvar la fiesta sin causar perjuicio a los vecinos, y culpó al Ayuntamiento de generar un enfrentamiento ficticio entre ambos sectores de la población. “No somos una peña ni queremos hacer esto a lo loco. Nos hemos sacado el carné, hemos hablado con técnicos y bomberos, y queremos que sea una actividad segura y autorizada”, explicó Arcos.
Ambos lamentaron que desde el consistorio se haya “tensado la cuerda” generando una falsa división entre vecinos: “No somos bandos. Aquí nadie quiere que se acabe la fiesta ni que se ignore a quienes han sufrido daños. Lo que queremos es que esto no vuelva a pasar, ni los destrozos, ni el vacío institucional que hemos vivido”, añadió Tolosa.
Tanto los vecinos afectados como los defensores del festejo reclamaron al Ayuntamiento que deje de eludir sus responsabilidades y asuma su papel como organizador de los actos festivos. “No basta con prohibir por escrito, hay que hacer cumplir las normas”, dijo Palacín, al tiempo que recordaba que muchos años se había permitido el uso de correpiés sin vigilancia alguna.
La única salida, coincidieron todos, pasa por recuperar la confianza institucional, establecer medidas preventivas eficaces y asumir colectivamente los costes derivados de una fiesta popular que, bien gestionada, puede mantenerse sin enfrentar al pueblo consigo mismo.
Según explicaron los vecinos, fue la anterior secretaria del Ayuntamiento quien se negó a autorizar el pago de los desperfectos con fondos públicos, alegando que los daños fueron provocados por correpiés, elemento expresamente prohibido en el bando municipal. La funcionaria trasladó personalmente su postura a los vecinos y a la corporación, advirtiendo que no se podía asumir un gasto que vulneraba una normativa propia.
Este posicionamiento bloqueó cualquier solución institucional, provocando un vacío legal y administrativo. Tal como explicó Miguel Ángel Palacín, la propia documentación entregada por el Ayuntamiento a los afectados reconocía la "permisibilidad municipal" durante varios días consecutivos, así como la presencia de la Guardia Civil sin actuación alguna, lo que refuerza, a juicio de los afectados, la responsabilidad del consistorio.
Aunque inicialmente el Ayuntamiento había planteado en privado llevar a pleno la prohibición del toro de fuego, tal y como aseguran los perjudicados que les comunicaron, en los últimos días fuentes municipales han aclarado que lo que se plantearía sería la prohibición de los correpiés, como cada año. No obstante, este paso quedaría condicionado a la posible incorporación de una nueva figura profesional en la secretaría municipal el próximo 30 de julio, actualmente vacante.
Ningún miembro del equipo de gobierno municipal aceptó participar en el programa especial de Alto Jalón Radio, pese a haber confirmado inicialmente su asistencia. La alcaldesa, Pilar Marco, se limitó a enviar un mensaje escrito insistiendo en que “hay vecinos que tienen daños en sus fachadas que no causaron los toros de fuego y hay que darles una respuesta”.
Antonio Díaz, abogado del despacho Abogado Piqueras, aportó durante el programa el marco jurídico que, a su juicio, deja clara la responsabilidad del Ayuntamiento. “Estamos hablando de una actividad promovida, permitida o al menos tolerada por la administración local. Si se produjeron daños como consecuencia de esa actividad, el Ayuntamiento tiene la obligación de responder, bien directamente o a través de su seguro”, explicó.
Díaz recalcó que incluso si el seguro rechaza cubrir la reparación porque los correpiés no estaban autorizados, eso no exime de responsabilidad a la entidad pública. “En tal caso, debe responder el Ayuntamiento con fondos propios o, al menos, facilitar las reclamaciones, no derivar la carga a los vecinos”.
Además, el letrado subrayó que el hecho de que otros años sí se hayan asumido los costes refuerza la expectativa de los afectados: “Es razonable que el ciudadano crea que existe una continuidad de criterio. Cambiarlo sin previo aviso es una falta de equidad”.
El abogado Antonio Díaz fue contundente al advertir que la dejación de funciones del Ayuntamiento puede tener consecuencias legales serias. Según explicó, al no velar por el cumplimiento de sus propias normas, el consistorio incurre en una posible responsabilidad patrimonial, y podrían existir también responsabilidades personales para los cargos públicos si se acredita inacción reiterada ante hechos previsibles.
Díaz recordó que la única vía legal que tienen ahora los vecinos para recuperar los costes de las reparaciones es acudir a los tribunales. Solo una sentencia judicial permitiría que el Ayuntamiento pueda abonar el importe correspondiente. “La solución del Ayuntamiento es no hacer nada”, resumió el abogado.
El programa de Alto Jalón Radio dejó claro que la división social que parecía haberse generado en torno al toro de fuego es artificial. “Somos todos del mismo pueblo y queremos lo mismo”, repitieron una y otra vez los participantes. Tanto afectados como defensores del festejo coincidieron en que el Ayuntamiento ha fallado al no dar la cara, al desentenderse de sus responsabilidades y al intentar convertir en un enfrentamiento lo que en realidad es una demanda compartida: responsabilidad institucional, reparación de daños y continuidad digna de las tradiciones.
Queda por ver qué decisión adopta el Pleno municipal del 30 de julio, si es que se celebra. Pero, al menos en Alhama de Aragón, el consenso ciudadano ya se ha manifestado alto y claro: el problema no está en la calle, sino en el silencio institucional.
Puedes escuchar aquí el programa íntegro (pausa primero el reproductor de Alto Jalón Radio)
JALON
NOTICIAS.ES
Comentarios