EL GOBIERNO DE ARAGÓN DENIEGA AL DIPUTADO SOCIALISTA VÍCTOR RUIZ EL ACCESO A LOS INFORMES SOBRE LA UNIVERSIDAD PRIVADA EN CALATAYUD

Archivo: Reuníon entre representantes de la NCI y el Ayuntamiento de Calatayud.

El Gobierno de Aragón ha rechazado las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por el diputado socialista por Zaragoza, Víctor Javier Ruiz de Diego, quien pedía consultar los informes y resoluciones remitidas por la Dirección General de Universidades al Ministerio de Ciencia en relación con el proyecto de implantación de la universidad privada Niccolò Cusano (NCI Aragón) en Calatayud. En una resolución firmada el pasado 5 de agosto por la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, se argumenta que los documentos solicitados contienen información de carácter confidencial y afectan a la privacidad de terceros.

En concreto, el Ejecutivo autonómico reconoce que el 17 de marzo de 2025 se remitió a la Conferencia General de Política Universitaria del Ministerio un oficio solicitando informe preceptivo sobre el reconocimiento de esta universidad privada. Sin embargo, deniega a Ruiz el acceso a dicho documento porque incluye “contratos y convenios suscritos” cuya difusión vulneraría el artículo 14.1 de la Ley de Transparencia. Según este precepto, el derecho de acceso a la información puede ser limitado cuando suponga un perjuicio para la confidencialidad, el secreto en procesos de toma de decisiones o los intereses económicos y comerciales implicados.

Lo paradójico es que precisamente esa documentación contractual es la que intenta conocer el parlamentario socialista, planteando dudas sobre los vínculos existentes entre el Ayuntamiento de Calatayud y los promotores del proyecto. Según ha manifestado públicamente Víctor Ruiz, desde el consistorio bilbilitano se ha negado reiteradamente la existencia de cualquier acuerdo o convenio con la universidad, alegando que no hay nada más allá de unos contratos de arras firmados entre los propietarios de los terrenos y la sociedad promotora. En ello insistió también recientemente el alcalde, José Manuel Aranda, en una entrevista en Alto Jalón Radio, en la que reiteró que el Ayuntamiento no ha suscrito ningún compromiso institucional.

Sin embargo, desde el PSOE insisten en sus sospechas y consideran que puede haber compromisos tácitos o documentos no revelados que vinculen a la institución municipal con el proyecto. De ahí la insistencia de Ruiz en acceder a todos los informes y oficios relacionados con el proceso de reconocimiento universitario.

Esta no es la primera vez que se deniega a Ruiz información sobre este asunto. Desde enero de 2024, sus solicitudes han sido reiteradamente inadmitidas o desestimadas, con argumentos similares. En una de ellas, incluso se afirmaba que no existía ningún documento en poder de la Dirección General de Universidades relacionado con la solicitud. No obstante, en junio de 2024 sí se accedió a remitirle el formulario de solicitud presentado por la promotora de la universidad, lo que confirmaría al menos una parte del proceso administrativo.

Con esta última resolución, el Ejecutivo autonómico zanja la vía administrativa y deja abierta únicamente la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo o una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Aragón. Por su parte, Ruiz ha lamentado la negativa y ha insistido en la necesidad de que un proyecto de este calado se gestione “con luz y taquígrafos”, al tratarse de una cuestión que puede afectar al modelo universitario público y a la transparencia institucional en Aragón.

El debate sobre la implantación de esta universidad privada en Calatayud sigue generando controversia política y social. Mientras el equipo de gobierno municipal defiende la viabilidad y los beneficios del proyecto, sectores de la oposición y del ámbito universitario cuestionan la opacidad del proceso y la falta de información pública contrastada.